Opinión
Julio Hernández López
31/07/2026 | Ciudad de México
Ambiciosa en sus pretensiones, pero complicada y acaso algo más que decorativa, la comisión pionera que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado para tratar de evitar la influencia, con frecuencia determinante, del crimen organizado en los procesos electorales venideros.
Como declaración de principios parece impecable: verificar la “integridad” de las candidaturas que presenten los partidos políticos, con una lupa supuestamente muy rigurosa en indicios de corrupción y de ligas con el crimen organizado y, desde luego, en financiamiento de campañas electorales.
Habrá de verse cómo se sustentan jurídicamente esos procesos, que es de suponerse podrían pretender el veto a las candidaturas consideradas perniciosas y de los actos de campaña tocados por dinero sucio. Hasta ahora, con la legalidad vigente (y ya no podrá cambiarse sino hasta el proceso electoral posterior a 2027), muy poco se puede hacer con ánimo correctivo. Muchos de los actuales ocupantes de cargos de representación popular tuvieron señalamientos de ser beneficiados por grupos delictivos que les aportaron dinero bajo la mesa, indetectable en términos fiscales que son de laxitud institucionalizada.
Por otra parte, la Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas, que fue aprobada por nueve votos contra dos de los consejeros del INE, inserta a este órgano constitucional autónomo en terrenos cuya acción punitiva correspondería a otras oficinas, como las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Fiscalía General de la República, que ahora quedarán como coadyuvantes de la citada comisión a la que a fin de cuentas se podrá cargar la responsabilidad política de lo que apruebe o rechace.
A cargo de la comisión verificadora ha quedado, además, un personaje totalmente identificado con la presidenta Sheinbaum. Arturo Manuel Chávez López no tenía mayor experiencia electoral que haber sido funcionario de casilla, pero en abril de 2026 quedó como consejero electoral del INE, con una extraordinaria puntuación en el examen de admisión, perdón, en el proceso de selección, con un resultado casi perfecto: 99 aciertos de cien posibles.
En octubre de 2025, la presidenta Sheinbaum lo había nombrado director de los Talleres Gráficos de la Nación. Sociólogo y profesor de la UNAM, de 2015 a 2017 colaboró con la jefa delegacional Sheinbaum en Tlalpan, y de 2018 a 2023 en asuntos administrativos y de finanzas del gobierno de la Ciudad de México, con la misma jefa.
En un marco nacional e internacional de señalamientos, presiones y amagos hacia México por presuntos nexos del crimen organizado con la política y el poder público, la comisión del INE, en la que también participan Uuc-kib Espadas y Norma Irene de la Cruz, inicia un camino difícil en medio de una realidad acuciante.
Por cierto, el propio INE tomó en su comisión de quejas una resolución que enardeció al presidente del Fideicomiso de Liquidación del Partido Revolucionario Institucional (FiLiPRI), al ordenar a la organización y sus directivos que se abstengan de calificar de narcopartido a Morena y que retiren de redes sociales y espacios informativos los señalamientos en ese sentido.
Y, para demostrar que la verificación de integridades electorales, partidistas y políticas pueden quedar sólo en palabras, recuérdese que Zhenli Ye Gon, el autor de la famosa frase “coopelas o cuello”, ayer sentenciado a quince años de prisión en una de las causas en su contra, en su momento aseguró que los más de 200 millones de dólares guardados en una habitación de su residencia estaban destinados a campañas electorales de Acción Nacional y Felipe Calderón Hinojosa, sin que se hubiera ahondado en tales señalamientos (fue detenido por la DEA en julio de 2007 en Maryland, Estados Unidos, en pleno calderonismo y extraditado a México en octubre de 2016). ¡Hasta el próximo lunes!
Edición: Emilio Gómez
