Opinión
La Jornada
20/08/2026 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya aprobado restituir el pago, con cargo al presupuesto del organismo, de los seguros privados de gastos médicos mayores para 300 mandos medios y altos. Para la mandataria, algo pasa cuando los jueces “entran a ese edificio” –ubicado en Pino Suárez número 2, en el Centro Histórico de la capital, donde el máximo tribunal tiene su sede desde 1941–, “se transforman; debe de estar embrujado por los espíritus del pasado”, y los llamó a comportarse con humildad en lugar de restablecer privilegios indebidos.
La alusión a los espíritus del pasado es más que una figura retórica: la ministra Lenia Batres Guadarrama ha denunciado una fuerte presión restauradora del viejo orden por parte de servidores públicos que vienen de las administraciones pasadas. Así se entendería que seis de los nueve ministros hayan votado a favor de una medida de la que no se beneficiarían ellos mismos, pero sí sus subordinados más directos. Sin embargo, el problema no se agota en el tema de los seguros de gastos médicos privados: gracias a la misma ministra Batres, la ciudadanía se enteró de que el tribunal de constitucionalidad aprobó solicitar a la Cámara de Diputados un presupuesto de 6 mil 104 millones de pesos para el ejercicio 2027, 17 por ciento adicional a lo autorizado este año. Cabe señalar que en estos momentos la tasa de inflación anual es de 3.12 por ciento, y que en julio pasado la variación fue de apenas 0.03 por ciento, por lo que es imposible justificar el aumento de 17 por ciento con una actualización de precios y salarios. De hecho, como apunta la ministra Batres, es posible avanzar mucho más en la racionalización del gasto de la Suprema Corte sin afectar a ninguna de sus funciones sustantivas. Por ejemplo, sólo en las plazas destinadas a la atención de ex ministros se dilapidan 39 millones de pesos anuales.
Con o sin presiones, al votar a favor del anteproyecto de presupuesto para el año entrante, los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García traicionaron los compromisos que hicieron al pedir el voto ciudadano, renunciaron a la decencia en el desempeño de sus funciones y violentaron las leyes de las que se supone son guardianes. Debe recordarse que el decoro en el uso de los recursos públicos no es optativo para los tres poderes del gobierno, sino que se encuentra inscrito en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Austeridad Republicana. Esta última prohíbe de manera expresa contratar con dinero público seguros de gastos médicos privados, salvo que estén contemplados en disposiciones generales, condiciones generales de trabajo o contratos colectivos.
Lo peor de todo es que al restituir privilegios y solicitar asignaciones injustificables, los ministros referidos no sólo se desacreditan a sí mismos; también dañan la confianza del pueblo en la democracia como mecanismo de transformación, ponen en entredicho la soberanía popular consagrada en la Carta Magna y desvirtúan el enorme esfuerzo político, social y electoral volcado para consumar la reforma al Poder Judicial. Al actuar de manera contraria a lo prometido, envían el nefasto mensaje de que el voto no tiene valor y de que, una vez en el cargo, los funcionarios actuarán de acuerdo con sus propios intereses personales y facciosos.
El único camino para subsanar el perjuicio a la democracia y a la institucionalidad requiere que los seis ministros en falta rectifiquen su postura, se disculpen ante la ciudadanía y en lo sucesivo se conduzcan con apego a los valores republicanos.
Edición: Emilio Gómez
