Opinión
La Jornada Maya
21/08/2026 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la postura asumida por México en la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto al gobierno de Nicaragua se sustentó en los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos y la no intervención. La mandataria se refería al voto de nuestro país en contra de una resolución impulsada por Estados Unidos, que cataloga la crisis política de ese país de Centroamérica como una amenaza a la seguridad regional y convoca a una reunión de cancilleres que discuta acciones frente al plan del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de excluir a la oposición de las elecciones.
Como explicó el representante de México ante dicho organismo, Alejandro Encinas, el gobierno mexicano está dispuesto a “participar constructivamente” en los esfuerzos por atender la crisis política y de derechos humanos en la nación centroamericana. A lo que se opone es a aprobar una resolución cuyo alcance no fue precisado y que, al invocar el pretexto de la seguridad para intervenir en los asuntos internos de un país soberano, abre la puerta a emprender “acciones que excedan las facultades” de la OEA, un formulismo diplomático empleado por Encinas para aludir a las acciones militares con que la Casa Blanca ya amenazó a todos los pueblos del continente.
Con estos posicionamientos, el Estado mexicano muestra la aplicación, en una circunstancia extrema, de los principios constitucionales de política exterior y de la Doctrina Estrada. Debe remarcarse que esta posición no supone un respaldo a la dictadura Ortega-Murillo, un régimen indefendible que reprime, censura, persigue de manera implacable a sus opositores, confisca propiedades sin otra base que las críticas de sus dueños y hasta se arroga la facultad de quitar la nacionalidad a quienes le incomodan. Simplemente, es un rechazo a la pretensión igualmente dictatorial de hacer pasar una situación interna como una inexistente amenaza a la seguridad hemisférica.
En este contexto, es preciso recordar que la OEA no es un organismo neutral ni mucho menos democrático, como quedó demostrado en la votación de ayer, en la que 29 países obedecieron al chasquido de dedos de Washington y sólo México y Brasil mantuvieron posturas independientes. Es bien conocido el papel de ese organismo como “ministerio de las colonias” estadunidense y el hecho de que sus valoraciones de la democracia están supeditadas a que un gobierno sea sumiso o no a la superpotencia queda evidenciado por el contraste entre el trato dispensado a Nicaragua y al no menos antidemocrático régimen de Nayib Bukele en El Salvador: en la nación más pequeña de Centroamérica se encarcela sin pruebas, se declara culpables en juicios multitudinarios, se criminaliza tanto a la oposición como a cualquier manifestación de disenso, y el poder está tan concentrado en las manos del autócrata como ocurre en la Managua de la “pareja presidencial”. En cuanto a respaldar las injerencias de la OEA y los cambios de régimen impulsados por Washington, es necesario voltear a Ecuador para constatar cuánto se deteriora un país al caer en la órbita estadunidense: desde que la Revolución Ciudadana fue sustituida por gobiernos peleles de la Casa Blanca, ese país vive una crisis permanente en todos los planos y es muy significativo que en este lapso pasó de ser una de las regiones más seguras a la más violenta, pese a adoptar los discursos de mano dura, el populismo penal y permitir la acción de las fuerzas armadas estadunidenses dentro de sus fronteras.
En suma, nadie niega ni mucho menos aprueba la sofocante opresión que padece el pueblo nicaragüense, pero lo que procede no es desatar el mal del imperialismo contra el mal de la dictadura, sino buscar las vías para que sean los propios nicaragüenses quienes decidan cómo gestionar sus problemas y moldear su futuro.
Edición: Ana Ordaz
