Opinión
La Jornada
24/08/2026 | Mérida, Yucatán
Este fin de semana, la agenda la marcó el intento de retorno de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, tras 112 días de licencia, causada ésta por la investigación que se le sigue a raíz de la solicitud que hizo Estados Unidos de que fuera arrestado con fines de extradición, por presuntas relaciones con el crimen organizado.
El viernes 21, Rocha Moya anunció que asumiría nuevamente la titularidad del Ejecutivo sinaloense; un movimiento que consiguió unir a toda la clase política mexicana, pero en su contra. La voz principal fue la de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien el sábado advirtió, a través de redes sociales, que ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación. Siguieron los 27 gobernadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los representantes de ese partido en el Senado y la Cámara de Diputados.
El resultado: tras cumplir 34 horas en funciones como gobernador, Rocha Moya solicitó una nueva licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días, misma que fue autorizada por el Congreso de esa entidad ayer domingo.
Es una obviedad que el intento de Rocha Moya por recuperar su cargo y de paso contar con fuero constitucional, obedeció a la aprehensión de Fausto Corrales Rodríguez el pasado 19 de agosto. Corrales Rodríguez es considerado testigo clave en el caso del secuestro de Ismael El Mayo Zambada, y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien fue asesinado en una reunión celebrada el 25 de julio de 2024, en la que supuestamente participaron Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, Zambada y Rocha Moya.
En su intentona de retorno, el nuevamente gobernador con licencia expresó que retomaba el cargo “con la frente limpia y en alto”, en vista de que tras 112 días, de su separación, ni Estados Unidos ha entregado pruebas sobre sus vínculos con el crimen organizado, ni la Fiscalía ha hallado nada en su contra. Sin embargo, esto no significa que las investigaciones hayan concluido. Por el contrario, la Secretaría de Gobernación (SG), precisó que en su momento, la FGR indicó que mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas Rocha Moya. Sin embargo, esta dependencia no ha dado a conocer mayores detalles en cuanto al avance de sus pesquisas.
En otras palabras: ahora le corresponde a la FGR presentar resultados, pero estos dependen igualmente de que Estados Unidos apoye con evidencias a las investigaciones que se realizan de este lado del río Bravo. En cuanto a la lectura política, pueden verse dos lecturas: quienes comentan que se trata de un rompimiento entre dos alas de la Cuarta Transformación, y por otro están quienes esperan que el combate a la corrupción de dé con el ejemplo y se castigue a quien incurra en ilícitos, especialmente dentro del mismo movimiento, lo que de verdad demostraría que en la 4T son realmente diferentes a los neoliberales.
Edición: Ana Ordaz
