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Es bien sabido que en la Península de Yucatán existen diversas amenazas tanto a las poblaciones mayas, como al medio ambiente en general: inmobiliarias arrasando dunas, montes, selvas; mega granjas porcícolas contaminando cuerpos de agua; monocultivos utilizando pesticidas que comprometen la vida de distintos seres. 

Lo que no es tan conocido -por lo menos no por el grueso de la sociedad no indígena- es el hecho de que las poblaciones originarias fueron asumidas como un problema por el Estado, generando así una exclusión histórica de éstas en tanto sujetos políticos que aportaran libre y abiertamente formas de imaginar la nación, la ciudadanía y las formas de convivencia entre los distintos seres humanos y no humanos que habitan el territorio nacional. 

Con tal motivo, no es disparatado apuntar que se necesita un proceso de descolonización en nuestro territorio; un proceso que se ha planteado ya en algunas regiones de América Latina como Bolivia, donde se concibió la descolonización como un proceso de revalorización, reconocimiento y restablecimiento de las culturas, tradiciones y valores indígenas dentro de las instituciones, reglas y arreglos que gobiernan la sociedad (Viceministerio de Descolonización, 2013). 

Una segunda cuestión a considerar, es que en nuestras democracias representativas se suele delegar el quehacer político a los partidos y a quienes resulten electos en los procesos de elección; así, la deliberación sobre cuestiones sociales -por no decir problemas sociales-, suele verse cooptada por los que detentan un cargo de representación, al mismo tiempo que se desincentiva la participación de muchos ciudadanos, por ejemplo los sujetos indígenas, que suelen participar activamente en otros procesos de toma de decisiones a través de acciones colectivas, por ejemplo, asambleas ejidales y/o comunitarias. 

¿Es necesario innovar nuestra democracia para que los que históricamente fueron excluidos puedan participar activamente? La respuesta pareciera obvia: sí. La dificultad y detenimiento aparece en el cómo. Hay que partir de la idea de que la ciudadanía es el centro de la democracia, ciudadanía que es diversa, todos y todas las que la conformamos poseemos distintas redes, pertenencias, identidades, por lo que la democracia tampoco debiera operar de una sola forma. 

Con respecto a las poblaciones originarias habría que buscar los mecanismos de colaboración indígena -con sus respectivos valores, normas y formas de vivir- con las autoridades formales de gobierno, construir una sinergia entre éstas y el Estado. Superar la representación y alusión que hace el Estado de lo indígena -sobre todo de sus manifestaciones culturales ya patrimonializadas- pero sin ellos y ellas. 

Se requiere, entonces, incorporar innovaciones en el quehacer político, en nuestra democracia, sin perder de vista la importancia de una perspectiva decolonial -podríamos decir intercultural también- y de una gobernanza colaborativa con las poblaciones originarias.  Como indican Ansell y Gash (2018) la gobernanza colaborativa da cuenta de un arreglo estructurado en el que los organismos públicos activamente buscan involucrar a actores no estatales en el proceso de toma de decisiones en contextos de diálogo. Si queremos atender seriamente las amenazas ya señaladas y construir una mejor sociedad, debemos seriamente ponernos a pensar en nuestra democracia, en las relaciones de la ciudadanía -diversa- con el Estado y en la gobernanza colaborativa.

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Edición Ana Ordaz


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