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Desde el 7 de agosto y hasta el 13 de septiembre de 2026 debió llevarse a cabo la llamada etapa deliberativa, o sea, la consulta a las comunidades. Posteriormente, se proyectó implementar una etapa de sistematización, del 21 de septiembre al 11 de octubre, para articular las opiniones y propuestas recabadas. El 12 de octubre se pretende enviar la iniciativa al Congreso de la Unión. A 19 días de iniciada, ¿cómo va la consulta? Revisemos la información publicada y un análisis académico.

El 20 de agosto, el portal MN, Meganoticias, de Salina Cruz, publicó una nota de Noe Nolasco en la que señaló que 19 comunidades del Istmo de Tehuantepec y del pueblo Chontal manifestaron públicamente su rechazo a la consulta organizada por el gobierno federal, apuntando directamente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esta misma fecha, de acuerdo con el portal “Desde los Pueblos” se informó que la organización México Negro interpuso un amparo en contra de la consulta por considerarlo una situación de simulación; no cumple con la condición de ser previa, libre e informada, y además no incluyó todos los territorios con población negra.  

El 21 de agosto de 2026, Alberto López Morales, de El Universal, publicó una nota donde describe que representantes de 10 comunidades del Istmo rechazaron la consulta debido a que no cumple con los estándares de protección de los derechos de los pueblos originarios. Esta misma fecha, la Revista Espejo informó que en Chihuahua los pueblos cuestionaron la consulta con expresiones como “muchas palabras no las entendemos”. 

Previamente, el 19 de agosto, La Jornada Maya informó que comunidades mayas rechazaron avalar asambleas sobre la propuesta de Ley Indígena, acusando que el ejercicio fue una simulación que limita los derechos de los pueblos. En esta misma fecha, 19 de agosto, el Congreso Nacional Indígena (CNA) emitió un posicionamiento en su página de internet (www.congresonacionalindigena.org) sobre la propuesta de ley antes mencionada, haciendo público su rechazo a la propuesta de Ley y su simulación de consulta.

La consulta prevista el 21 de agosto en Xpujil, Campeche, y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, no se llevó a cabo. La consulta está enfrentando problemas.

Las leyes en favor de los pueblos indígenas están presentes básicamente en toda Latinoamérica. Rodríguez Cáceres, de la Universidad Northwestern en Illinois, investigó por qué esta tendencia en las últimas cinco décadas. Los resultados se publicaron a principios de 2026 en la revista Social Science History, que se puede ubicar usando el doi:10.1017/ssh.2026.10129. El autor estudió cuál fue el papel de los movimientos de base para la adopción de normas, incluso constitucionales, a favor de los indígenas, que darían legitimidad a sus movimientos. 

Asimismo, introdujo un índice novedoso para medir la inclusión, concepto que puede explicar la adopción de las normas. La conclusión es interesante: las personas que diseñan políticas públicas promulgaron políticas inclusivas con el fin de reforzar la legitimidad del gobierno ante la ciudadanía nacional y los ojos internacionales. El autor también señaló que los movimientos de los grupos indígenas usualmente ganaron mucho menos cuando los gobiernos impulsaron reformas principalmente para apaciguar algunas voces que insisten en apoyar las demandas.

Entonces, la pregunta ¿cómo va la consulta?" está abierta. Seguramente habrá diferentes interpretaciones, expectativas, decepciones, logros, etc. En caso de que el producto final no tenga consenso favorable, sería señal de que el proceso no se llevó a cabo en forma adecuada. Veremos.

Es cuanto.


Edición: Estefanía Cardeña


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