Opinión
La Jornada
27/08/2026 | Ciudad de México
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al partido político Somos México modificar su denominación, emblema y colores distintivos a más tardar el 31 de agosto por considerar que el verbo “somos” en combinación con “México” genera un efecto de apropiación simbólica de la identidad nacional y puede confundir a los ciudadanos. Para la mayoría de los magistrados del TEPJF, el nombre actual podría inducir al electorado a considerar que esta fuerza política representa al país en su conjunto.
En cuanto a los colores, se indicó que tienen una proximidad objetiva con los partidos locales Fuerza México de Tlaxcala, Baja California Sur y Puebla. Aunque el fallo del tribunal no lo dice así, también cabe señalar que, no por casualidad, dichos colores –fondo rosa y letras blancas– coinciden con los del Instituto Nacional Electoral (INE). El partido presidido por el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo surgió de la sucesión de membretes creados por el empresario Claudio X. González en defensa del grupo de consejeros filopanistas encabezado por el ex presidente de ese organismo Lorenzo Córdova Vianello. Estas organizaciones paraempresariales adoptaron el lema de “marea rosa” para impulsar la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez en 2024.
La relación entre el INE de Córdova y el nuevo partido de derecha va más allá de los colores. Entre los impulsores de este proyecto se encuentran ex altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral y su antecesor, el IFE: Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo de IFE-INE durante casi 15 años; Leonardo Valdés Zurita, ex consejero presidente del IFE; Rodrigo Morales, ex consejero del IFE y del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), y Carlos Ferrer Silva, ex responsable de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. La presencia de los directivos de la autoridad electoral en Somos México marca un precedente de corrupción, tráfico de influencias y degradación ética que no debería tener lugar en democracia. Asimismo, brinda una demostración a posteriori de que los organismos electorales creados durante el periodo neoliberal no fueron realmente autónomos, sino que estuvieron al servicio del cogobierno establecido entre el PRI y el PAN, y sólo sirvieron para saquear el erario con sueldos y prestaciones faraónicos para quienes estuvieron dispuestos a fingir independencia mientras servían a las derechas.
Somos México es un caso extremo de conflicto de intereses en tanto los ex funcionarios se convirtieron en fundadores de un partido, pero de ninguna manera es el único ejemplo. Juan Molinar Horcasitas fue director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE en 1994 y posteriormente fungió de consejero electoral (1997-2000). Tres años después ya era vocero del PAN, subsecretario de Gobernación y en 2006 coordinó un área en la campaña de Felipe Calderón. Alonso Lujambio fue consejero electoral entre 1996 y 2003; en 2009 se afilió al PAN y Calderón lo puso al frente de la SEP. Virgilio Andrade Martínez fue consejero electoral de 2003 a 2010, en 2012 Enrique Peña Nieto lo nombró comisionado federal de Mejora Regulatoria y en 2015, como secretario de la Función Pública, fue el encargado de exonerar al mandatario en el caso de la casa blanca. Los casos de altos funcionarios de los organismos de “transparencia” (los extintos IFAI e INAI) que fueron premiados por los favores políticos hechos a quienes los nombraron son incluso más escandalosos.
En suma, cabe saludar que el Tribunal Electoral impida a Somos México apropiarse de los símbolos del país y de la autoridad electoral para confundir a la ciudadanía, pero el caso de este partido debería impulsar modificaciones legales a fin de evitar que los supuestos guardianes de la democracia salten a la palestra política, pues esta modalidad de chapulineo pone en entredicho la presunción de imparcialidad que da razón de ser a sus cargos.
Edición: Ana Ordaz
