Opinión
La Jornada
28/08/2026 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de que los candidatos a la Presidencia, las gubernaturas o la jefatura de Gobierno únicamente cuenten con la nacionalidad mexicana y deban renunciar a una segunda en caso de tenerla. La mandataria expresó que un gobernante con dos nacionalidades tiene dos intereses, y no está claro que su interés supremo sea el de México.
En la actualidad, para ser titular del Ejecutivo federal se requiere “ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años”, pero no se excluye la doble nacionalidad. Los gobernadores necesitan ser ciudadanos mexicanos por nacimiento y nativos de la entidad, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios.
La doble nacionalidad de los servidores públicos se convirtió en materia de debate a raíz del caso del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, ex diputado federal y local y ex senador, actualmente prófugo de la justicia, que lo requiere para responder a las acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable y defraudación fiscal. Desde 2022 usa su ciudadanía estadunidense para residir en McAllen, Texas, y evadir las órdenes de captura en su contra.
En 2001, García obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores un certificado de ser mexicano de nacimiento, el cual necesitaba para ejercer cargos públicos debido a que nació en Texas y tiene nacionalidad estadunidense. En dicho documento se daba fe de que “renunció a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente al de los Estados Unidos de América, a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas; a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros, y se comprometió a abstenerse de realizar cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero, de conformidad con lo que establecen los artículos 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15, 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad”. El desarrollo de los acontecimientos ha demostrado que en realidad nunca renunció a la ciudadanía estadunidense y que explota a voluntad de una protección ajena a las leyes mexicanas.
Más allá del espectáculo mediático que el panista ha montado para hacer pasar sus causas penales como una persecución política, está claro que las dobles nacionalidades crean conflictos de intereses irresolubles cuando las ostentan servidores públicos. Los casos de Daniel Noboa en Ecuador y Abelardo de la Espriella en Colombia ilustran lo que ocurre cuando ideologías de ultraderecha concurren con la posesión de un pasaporte estadunidense: en los hechos, ninguno de ellos gobierna para el país que los eligió, sino que trabajan para los intereses y bajo las órdenes de Washington. En la década de 1990, el japonés-peruano Alberto Fujimori impuso una dictadura en la nación andina, donde perpetró actos genocidas, y posteriormente huyó a Japón en busca de impunidad. México tiene la oportunidad de aprender de esas experiencias y evitar verse en un escenario similar, para lo cual es indispensable que se establezcan mecanismos para verificar la no posesión de segundas o terceras ciudadanías, así como para penalizar a quienes mientan sobre su nacionalidad para acceder a un cargo.
Al mismo tiempo, es preciso reconocer que la prohibición de la doble nacionalidad enfrentará problemas prácticos. Por ejemplo, hay países que no contemplan ningún mecanismo para que sus ciudadanos por nacimiento renuncien a la nacionalidad, y es necesario codificar qué ocurrirá si una persona mexicana en esa situación desea competir por la Presidencia o una gubernatura. Estas dificultades no deben ni eludirse ni usarse de pretexto para mantener el statu quo, sino que es necesario analizarlas a fondo y resolverlas mediante las redacciones legislativas pertinentes.
Edición: Ana Ordaz
