Opinión
La Jornada
31/08/2026 | Ciudad de México
Los anuncios del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, dados a conocer tanto por la gobernante encargada Delcy Rodríguez como por el presidente Donald Trump, permiten apreciar la falsedad de los argumentos ideados por Washington para agredir militarmente a la nación sudamericana y secuestrar a su mandatario, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes aún permanecen como rehenes en Nueva York: el ataque del 3 de febrero –que fue precedido por asesinatos de decenas de personas presuntamente inocentes y que, el día de los hechos, causó la muerte de una treintena de efectivos cubanos que custodiaban al jefe de Estado– nunca tuvo el propósito de “democratizar” Venezuela ni combatir el narcotráfico; se trataba, en cambio, de apoderarse de los recursos petroleros del país embestido.
El sábado pasado, Delcy Rodríguez –cuyo gobierno fue reconocido por el Departamento de Estado unos días después de la agresión– ofreció detalles sobre el acuerdo con Washington que implica ceder a Estados Unidos la explotación y comercialización de 17 campos petroleros y de ocho bloques de territorio sin infraestructura previa durante 25 años, lo que aportará a la nación sudamericana unos 19 dólares por barril.
En Venezuela, la extracción de cada barril de crudo tiene un costo de entre 8 y 22 dólares, dependiendo del yacimiento, la zona y los requerimientos del proceso posterior. El precio en el mercado internacional es de entre 70 y 83 dólares, dependiendo de la calidad del hidrocarburo. Ello significa que en el peor de los casos –extracción más cara y cotización menor–, el margen de utilidad es de 48 dólares, y en el mejor –mayor facilidad de extracción y mayor cotización–, de 75 dólares. En consecuencia, Estados Unidos obtendrá un promedio de 74.5 por ciento del valor del petróleo venezolano y cederá al país de origen el 25.5 por ciento restante. Por donde se le vea, es un pacto leonino y ruinoso para el país de Bolívar, y más que ventajoso para la potencia del norte.
No extraña que Trump haya estado alardeando desde el año pasado con la expresión “apropiarse”, al hablar de ese recurso natural ajeno ni que ayer se haya referido a un “regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos”, país que ha experimentado un agudo declive de sus reservas estratégicas. En rigor, la exigencia estadunidense a Caracas de que entregara su petróleo fue un robo, y Delcy Rodríguez le otorgó, mediante el acuerdo referido, la apariencia de un regalo.
No pasarán por alto para la opinión pública mexicana las marcadas semejanzas entre lo dicho por la presidenta venezolana y los argumentos que en 2008 esgrimió el gobierno de Felipe Calderón en su intento por entregar a capitales privados, particularmente extranjeros, las riquezas petroleras de México, argumentos que fueron posteriormente retomados por el de Enrique Peña Nieto para perpetrar la “reforma energética” que despedazó la industria nacional de hidrocarburos. “Nuestras reservas –arguyó Delcy Rodríguez– deben convertirse en bienestar, prosperidad y felicidad para este país (...). De nada sirve tener nuestras reservas petroleras bajo tierra únicamente para que aparezcan en una estadística o en una contabilidad”.
Al margen de las circunstancias que indujeron u obligaron a la presidenta venezolana a firmar esa gravísima cesión de recursos naturales y de soberanía, lo cierto es que con ella su país ha perdido, así sea por 25 años, el control sobre la mayor de sus riquezas naturales. Cabe esperar que en ese lapso los acontecimientos permitan revertir el despojo.
Edición: Ana Ordaz
