Opinión
La Jornada
01/09/2026 | Ciudad de México
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investiga a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por una polémica táctica policial que permitió que “cantidades asombrosas de fentanilo mortal” llegaran a las calles cuando las autoridades federales buscaban armar casos antidrogas de mayor envergadura. De acuerdo con informantes de la agencia entrevistados por funcionarios de Nuevo México –entidad considerada el epicentro de la crisis del fentanilo–, sus jefes les ordenaron hacerse a un lado en lugar de incautar cientos de miles de pastillas de fentanilo, en posible violación de normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades.
Hace dos meses, Associated Press reveló que entre 2023 y 2025, en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, agentes de la DEA permitieron que más de 3 millones de pastillas de fentanilo llegaran a las calles con el presunto propósito de fortalecer casos penales. En Albuquerque, la ciudad más poblada de Nuevo México, los elementos de la DEA se mantenían al margen y observaban desde helicópteros y vehículos de vigilancia cómo distribuidores de droga entraban a hoteles con mochilas que se creía que llevaban hasta 100 mil pastillas de fentanilo. De acuerdo con la propia agencia, siete de cada 10 pastillas contienen suficiente droga para provocar la muerte por sobredosis a un adulto promedio, es decir, que por cada mochila que dejaban pasar se hacían cómplices de 70 mil homicidios. Por supuesto, es absurdo suponer que cada dosis derive en una muerte, pero la DEA y la Casa Blanca usan esa métrica al hablar de los “terroristas” que trafican los estupefacientes.
Quizá el público estadunidense pueda sorprenderse al conocer las tácticas cuestionables de sus corporaciones de combate a la delincuencia, pero en México y América Latina es bien conocido el doble rasero de Washington. De este lado del río Bravo, la sociedad recuerda el operativo Rápido y furioso, el esquema perverso con el cual, entre 2009 y 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos permitió de forma deliberada la venta y el tráfico ilegal hacia México de más de 2 mil armas de fuego, a sabiendas de que los compradores eran grupos del crimen organizado y de que esos dispositivos serían usados contra policías y civiles mexicanos. La hipocresía se extiende al ámbito financiero: hace un año, el Departamento del Tesoro forzó el cierre de dos bancos y una casa de bolsa mexicanos por “facilitar el envenenamiento de innumerables estadunidenses al mover dinero para los cárteles”; de acuerdo con los señalamientos, las entidades manejaron en conjunto menos de 17 millones de dólares de procedencia ilícita. En contraste, el mismo Tesoro impuso una multa irrisoria de 125 millones de dólares y permitió que continúe operando UBS Financial Services, pese a que esta filial del grupo financiero suizo realizó transferencias internacionales de más de 10 mil millones de dólares sin monitorear el posible origen ilícito de los recursos.
Este patrón de conducta confirma que a Washington no le interesa combatir el crimen organizado dentro de sus fronteras ni evitar que las drogas lleguen a sus ciudadanos, sino usar el narcotráfico como pretexto para interferir en otros países. En los hechos, hay una protección sistemática y bipartidista al multimillonario negocio de los estupefacientes.
Desde la organización del trasiego de la cocaína para financiar la guerra contra el gobierno nicaragüense en la década de 1980, hasta el auge de la siembra de amapola durante la ocupación de Afganistán; desde el indulto al narcotraficante y ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, hasta el programa de recompensas a los llamados testigos protegidos, resulta inocultable que durante el último medio siglo Estados Unidos ha sido un verdadero narcoestado.
Edición: Estefanía Cardeña
