Opinión
La Jornada
04/09/2026 | Ciudad de México
La policía militarizada de carabineros atacó con cañones de agua y gases lacrimógenos a manifestantes que protestaban contra las iniciativas de reforma legales y constitucionales en materia de seguridad impulsadas por el presidente José Antonio Kast. Los asistentes a la marcha, en su mayoría estudiantes de bachillerato y universitarios, compararon la agenda del mandatario ultraderechista con la de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Entre las medidas más polémicas impulsadas por Kast se encuentra facultar al titular del Ejecutivo para declarar estados de excepción por hasta 240 días sin consultar al Congreso. Durante ese periodo, el presidente podría restringir los derechos de movimiento, reunión y asociación, así como interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, además de confiscar bienes. La otra propuesta, que ha sido denunciada por sus graves consecuencias para los derechos humanos, consiste en privar de atención médica y otros servicios provistos con dinero público a los condenados por crimen organizado o “terrorismo”. Este castigo se extendería 15 años después de que los presos hayan cumplido sus sentencias.
El gobierno de coalición justifica tales disposiciones autoritarias y punitivistas con la necesidad de combatir la inseguridad y el narcotráfico, aduciendo que la naturaleza de los nuevos actores delictivos exige dotar al Estado de mayores capacidades y eliminar obstáculos burocráticos. En un nivel político, debe reconocerse que la sociedad chilena considera al fenómeno criminal como el principal problema del país y que eligió al actual gobierno movida, en buena parte, por las promesas de mano dura y populismo penal. Al mismo tiempo, la pretensión de pasar por encima del Legislativo y conculcar las garantías individuales es rechazada por 58 por ciento de los electores, de acuerdo con una encuesta reciente.
La prioridad otorgada a la seguridad pública contiene un elemento paradójico: de manera objetiva, Chile no sólo es uno de los países más seguros de América Latina, sino que además lleva tres años de reducción sostenida en delitos de alto impacto. Su tasa de homicidio es de 5.4 víctimas por 100 mil habitantes, en contraste con las 50 muertes violentas en el cercano Ecuador, 26 en Colombia, 19 en Brasil o 15.4 en México. Al igual que en nuestro país, esta lacra experimenta una tendencia decreciente, con una caída de más de 10 por ciento de 2024 a 2025, es decir, sin necesidad de desatar la violencia de Estado. El robo de vehículo y los robos con violencia o intimidación también registran disminuciones sustanciales.
Para entender que una problemática relativamente bajo control cobre tal intensidad en la percepción pública es preciso considerar la aparición de bandas organizadas, nuevas modalidades de extorsión, la disputa armada entre distribuidores locales de drogas y el punto de comparación con la tranquilidad previa; pero también el papel de los partidos de derecha y los medios de comunicación que difundieron una narrativa de ingobernabilidad a fin de desestabilizar a la pasada administración encabezada por Gabriel Boric (2022-2026). Si a todo ello se suma la ineptitud de ese gobierno para procesar las demandas sociales en todos los ámbitos, se comprende el actual giro hacia un régimen autoritario, represivo y poco dispuesto a respetar los derechos humanos.
La represión desplegada ayer sugiere que Kast usa los problemas reales de seguridad como un pretexto para profundizar la criminalización de la protesta, el Estado policial y de vigilancia, la insolidaridad, la cerrazón institucional y otros males que Chile arrastra desde el pinochetismo.
Edición: Ana Ordaz
