Opinión
La Jornada
09/09/2026 | Ciudad de México
España, Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia sancionarán el comercio de bienes con asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania reocupada en protesta por la violencia de los colonos contra los palestinos y la expansión de esas comunidades. Los ministros de Relaciones Exteriores de los 12 países publicaron una declaración conjunta, en la cual denuncian que “las acciones del gobierno de Israel en Cisjordania están socavando la posibilidad de una solución de dos estados”, en referencia a un plan según el cual dos estados –uno israelí y otro palestino– vivirían pacíficamente uno al lado del otro, y advierten sobre un rápido deterioro de la situación “en un contexto de niveles sin precedentes de violencia de colonos y expansión de los asentamientos”. Según la legislación internacional, todas las colonias o asentamientos israelíes en Cisjordania, territorio ocupado desde 1967, son ilegales.
El primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, ha prometido continuar con la expansión de los asentamientos en Cisjordania pese a la creciente presión internacional. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, consideró la decisión una “interferencia inaceptable en el proceso electoral de un Estado soberano” y amenazó con que “el mensaje para cualquier gobierno que nos dañe es claro: Israel actuará contra él y perderán su influencia y relevancia en la región”. Por ahora, ordenó el cierre del consulado británico en Jerusalén Este –representación del Reino Unido ante la Autoridad Nacional Palestina (ANP)–, expulsó a ese país del Centro de Coordinación Civil y Militar multinacional (órgano patrocinado por Washington para supervisar el supuesto alto el fuego en Gaza), prohibió entrenar a las fuerzas de seguridad de la ANP e impidió la entrada a 12 ciudadanos británicos, incluido el ex líder laborista Jeremy Corbyn.
La reacción destemplada del régimen sionista contrasta con la suavidad de las sanciones: apenas 5 por ciento de sus exportaciones procede de los asentamientos ilegales, y es evidente que no toda esa producción tiene como destino los países que han tomado acciones contra la ocupación. Más que la severidad de las restricciones comerciales, la ira de Tel Aviv refleja la completa impunidad que la comunidad internacional le ha dispensado mientras perpetra contra el pueblo palestino uno de los peores crímenes de la historia. Las sanciones llegan sólo cuando los colonos ilegales han convertido las masacres de palestinos del pasatiempo ocasional que ha sido por décadas en una tarea de tiempo completo, siempre bajo la mirada y protección de las fuerzas armadas israelíes. Cuando el primer ministro y los miembros de su gabinete declaran sin tapujos que su intención es exterminar a los palestinos y que ni siquiera los consideran seres humanos. Cuando la totalidad de Cisjordania se encuentra bajo control israelí y los ocupantes mantienen secuestrados dentro de su propia tierra a 3 millones de personas.
Como señaló la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, la prohibición comercial contra los asentamientos israelíes ilegales es un comienzo muy necesario, pero sólo eso: un punto de partida. Para poner fin a la complicidad con el genocidio, es preciso un cerco financiero completo a Israel, la prohibición absoluta de la compra o venta de armas, acabar con toda forma de colaboración con las autoridades israelíes y la ejecución de las órdenes de captura que pesan sobre los criminales de guerra, así como la conformación de un fondo internacional para la reconstrucción de Gaza y el regreso seguro de todos los palestinos desplazados desde 1948.
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Edición: Estefanía Cardeña
