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El presidente Donald Trump se comprometió el miércoles a enviar un cheque por 5 mil dólares a cada adulto estadunidense si el Partido Republicano mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre. El mandatario comparó su oferta de compra de votos con los pagos de una corporación a sus accionistas, por lo que la denominó “dividendos Trump”, y aludió a “nuestra enorme fortaleza y éxito económicos”. Según aseguró, la única condición será que el dinero se gaste dentro de Estados Unidos, pero no especificó cómo se verificará esto.

El intento de soborno del magnate al electorado tiene un componente delirante y otro preocupante. Hay un delirio en la pretensión de que el gobierno estadunidense tiene recursos para repartir libremente: en estos momentos su deuda pública de 40 billones (millones de millones) de dólares ya representa 120 por ciento del producto interno bruto y cada año se añaden 1.8 billones adicionales, por lo que no se entiende de dónde sacaría el billón 375 mil millones necesario para entregar 5 mil dólares a 275 millones de adultos. Lo preocupante es que, cumpla o no con su promesa, el hecho de ofrecer un pago directo a cambio del triunfo electoral de su partido supone la demolición de los restos de democracia que pudieran quedar en esa nación. La muestra más clara del deterioro de la institucionalidad estadunidense es que, en cualquier otro momento y en cualquier otro país, una declaración semejante sería un escándalo mayúsculo que derivaría en sanciones y posiblemente pondría fin a la carrera política del implicado, pero en el Washington de Trump es sólo un día más.

Con todo, es importante remarcar que el desmantelamiento de la democracia ha sido acelerado por el magnate, pero comenzó décadas atrás. Desde hace medio siglo, sucesivas sentencias de la Suprema Corte han destruido todos los controles sobre el financiamiento electoral, de tal modo que hoy día la normalidad estadunidense sería considerada corrupción en el resto del mundo. En 1976, el máximo tribunal equiparó al dinero con una opinión y determinó que limitar el gasto en campañas viola la libertad de expresión. Desde entonces, no hay límite alguno al gasto independiente ni al dinero que un candidato puede gastar de su propio bolsillo. En junio pasado, eliminó también los límites sobre la cantidad que los partidos políticos pueden gastar en publicidad y otros conceptos en coordinación con los candidatos. Entre una y otra sentencia, la Suprema Corte permitió también donaciones ilimitadas por parte de individuos y el uso de recursos donados para que los candidatos se paguen a sí mismos todos los recursos propios que hayan destinado a la campaña. Es decir, un aspirante puede comprarse el cargo con su dinero y luego recaudar fondos de los interesados en ser “amigos” de un senador, gobernador o presidente. Además, cualquier organización con registro sin fines de lucro puede gastar sin ningún tope en las elecciones y reservar la identidad de sus donantes. Es decir, en Estados Unidos los grupos criminales a los que Washington dice combatir tienen las puertas abiertas para financiar legalmente a un político y nadie puede preguntar de dónde salió el dinero.

En suma, hace tiempo que Estados Unidos es una plutocracia, porque el voto no lo decide la voluntad libre e informada de los ciudadanos, sino la capacidad de la oligarquía para invertir en las campañas como un negocio más. El desprecio de Trump por las leyes y las formas que suelen regir la conducta de los servidores públicos ha puesto a la vista de todos la degradación de la vida pública. Frente a ese desastre, es causa de alivio que el proceso electoral iniciado ayer en México sea mucho más democrático, verificable y transparente y que no se encuentre reducido a la grotesca e impúdica subasta que son hoy los comicios en el país vecino del norte.


Edición: Ana Ordaz


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