De nuevo Chuburná

Desde que la Profepa determinó que la clausura del proyecto de Chuburná tendría un carácter temporal, quedó claro que proteger lo que resta de la integridad de la duna costera no era su interés primordial, sino que respondía a la voluntad –política– de dejar a los promoventes de la obra un espacio para negociar para llevarse a cabo. A pesar de esa disposición, el señor Chapur y sus asociados se han mostrado inconformes y han dicho cosas tales como que la resolución de la autoridad ambiental genera un ambiente de inseguridad jurídica para los inversionistas. Subrayo y suscribo lo dicho recientemente por mi admirada Carla Escoffie, que se mostraba estupefacta ante la declaración y le hacía ver al señor Chapur que es punto menos que absurdo considerar que si se demanda a los inversionistas que cumplan con lo que establece la ley se genera incertidumbre a la inversión. Si quienes pretenden hace ruso del territorio nacional y sus recursos estuviesen dispuestos a ceñir sus proyectos a lo que establece el marco jurídico y las autoridades responsables de salvaguardar el patrimonio natural nacional mostraran una disposición análogo para promover el cumplimiento de lo establecido en las leyes y reglamentos, vigilar con celo la ejecución de obras y proyectos y sancionar con eficacia y rigor a quienes se resistan a apegarse a la legalidad, entonces estaríamos viviendo una circunstancia capaz de generar certidumbre para inversionistas, usuarios y autoridades: algo semejante a un estado de derecho.

Argumentar, como se ha hecho, que un acto de autoridad basado en la ley es un obstáculo para el desarrollo es no solamente falaz sino avieso. Es un esfuerzo por ejercer una suerte de patente de corso no solicitada ni otorgada, que permita a los inversionistas hacer su voluntad independientemente de lo que resulte ambientalmente sustentable o socialmente aceptable. Lo único que importa al señor Chapur y sus socios es su beneficio. No están dispuestos a reconocer los límites impuestos por las condiciones ambientales y, mucho menos, a aceptar que los establecidos por el marco normativo vigente les obliguen también a ellos, no a detener sus proyectos, porque no se trata de imponerles frenos arbitrarios, sino a formular proyectos que, respondiendo a los criterios que establece la normatividad ambiental, puedan resultar sustentables.

El asunto sienta o refuerza un precedente: si la autoridad ambiental determina que la clausura temporal se puede levantar en atención a la argumentación de los promoventes, sin mediar siquiera una nueva evaluación técnica, o una modificación del proyecto que lo acerque a ser una propuesta adecuada a las condiciones ambientales locales, se entenderá que bastará a futuros promoventes de proyectos semejantes en lugares parecidos a las dunas costeras de Chuburná con endurecer su posición frente a actos de autoridad que pretendan apremiarlos a cumplir con lo establecido en leyes, reglamentos y normas. Eso sí que resulta en un ambiente de incertidumbre jurídica para la inversión pero, sobre todo, redundará en el establecimiento de un entorno de desarrollo poco proclive a la planeación, hostil a las condiciones ambientales, generador de insustentabilidad, perturbador de los ecosistemas y alejado de cualquier concepto aceptable de justicia ambiental: el “poderoso caballero” de Don Francisco de Quevedo continuará imperando sin cortapisas.

Más allá de las suposiciones agoreras, las señales de que las cosas ya están sucediendo así aparecen a diestra y siniestra y resultan evidentes sin que exista la necesidad de explorar demasiado. Por ejemplo, ha circulado en redes una invitación a invertir en la adquisición de predios en el municipio de Dzilam de Bravo, al norte de la carretera que conduce de ese poblado a Yalsihon. Con el nombre de “Ecoliving Aldea Dzilam” la propuesta ofrece predios a precios relativamente asequibles en un área cercana al cenote Chich. Estos terrenos se encuentran, si no de plano dentro de los límites de la Reserva Estatal Bocas de Dzilam, muy cerca de esta área natural protegida, sujeta a jurisdicción de la secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado. Una de dos, o se trata de un rancho ganadero que ha dejado de resultar productivo, de modo que sus propietarios han decidido fraccionarlo y ofrecerlo en venta; o bien, sin que la autoridad ambiental local haya puesto hasta el momento objeción alguna, la propuesta ocupa terrenos formalmente destinados a la conservación y amparados en un decreto que tiene fuerza de ley, en cualquier caso.

Edición: Emilio Gómez