Opinión
La Jornada
18/09/2026 | Ciudad de México
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, declaró ayer que “la administración Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen”. Es inevitable notar la ausencia de un formulismo obligado en las comunicaciones oficiales de este tipo: en un gobierno normal y observante de la institucionalidad, un alto funcionario habría dicho que el gobierno al cual representa está usando todas las herramientas legales contra el crimen organizado.
Dadas las palabras elegidas por Johnson y el contexto en que las emitió, sólo pueden interpretarse como un desafío y una provocación contra el Estado mexicano: unas horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había reiterado que cualquier “pretexto para injerencia o intervención debe ser rechazado porque viola nuestra soberanía y nuestra independencia”. La mandataria recordó que la lucha contra las intervenciones extranjeras está “en el corazón del pueblo y por eso es tan importante recordar la historia y hacer memoria”, pues “la memoria es el alma de los pueblos, es el escudo contra cualquier injerencia, es la defensa de la independencia y la soberanía”.
El embajador no está solo en la confusión de la lucha contra el narcotráfico con una patente de corso que permitiría a Washington llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros, invasiones, operaciones encubiertas y otros crímenes dentro y fuera de su territorio. El fiscal para el Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, afirmó que la designación de ciertos cárteles como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Trump da a las autoridades federales nuevas herramientas legales para desarticular sus actividades, y subrayó que su oficina prevé impulsar más casos invocando el inexistente terrorismo.
Johnson, Reitz, el propio Trump y otros integrantes de su gobierno necesitan enterarse de que la inmensa mayoría de las ganancias provenientes de las drogas ilegales se generan y permanecen en territorio estadunidense –que es, además, donde encuentran su mayor mercado–; por ejemplo, el precio de un gramo de cocaína pasa de dos o tres dólares en la selva sudamericana a 150 dólares en las calles de Estados Unidos, un incremento aproximado de entre 5 mil y 8 mil por ciento. Por ello, los ingresos de los cárteles clasificados como terroristas y supuestamente combatidos por las fuerzas armadas más poderosas del planeta son nimiedades frente a las fortunas que amasan los verdaderos capos, esos que viven y operan dentro de Estados Unidos sin que la administración que “está utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles” les toque un centavo o se moleste al menos en conocer sus nombres.
En suma, la superpotencia tiene una clase gobernante dispuesta e incluso ansiosa por destruir derechos humanos, soberanías, leyes internacionales y normas mínimas de convivencia entre las naciones para imponer una lucha en la que ni siquiera cree. Este sistemático desconocimiento de la legalidad por parte de Washington es una muestra del deterioro institucional que padece el vecino país, y lamentablemente no hay ningún indicio de que la descomposición pueda revertirse en el futuro próximo. La presencia del embajador Johnson en México es una señal de esta pérdida de rumbo: si la Casa Blanca quisiera mejorar la colaboración en la agenda común con su principal socio comercial y su vínculo bilateral más importante, habría enviado a un diplomático entrenado para el diálogo y no a un ex integrante de un grupo de élite usado en operaciones de intervención, homicidios, contrainsurgencia y otras acciones criminales.
Edición: Ana Ordaz
