Yucatán: septiembre a tope

Para el gobierno de Yucatán, el actual mes de septiembre ha implicado tener varios frentes abiertos a la vez, en conflictos y cuestiones que requieren de buenos oficios. Por lo que hoy se vislumbra, la respuesta institucional resultará adecuada, pero no quiere decir que la resolución vaya a ser definitiva.

Eso sí, lo que queda de manifiesto es que el Ejecutivo cuenta con la capacidad suficiente para atender con prontitud al menos las áreas prioritarias de salud, transporte, finanzas y seguridad.

La confirmación de que la ameba Naegleria fowleri, denominada “comecerebros” en el lago artificial de Plaza La Isla, en Mérida, que provocó la muerte de un instructor de deportes acuáticos, ha derivado en diversas solicitudes de análisis de cuerpos de agua en la capital yucateca; primordialmente de los que caen en la jurisdicción municipal, como son el ubicado en el Parque Zoológico del Centenario o Animaya, pero también el de La Plancha, que gestiona la Federación. 

Por lo pronto, la Secretaría de Salud estatal (SSY) clausuró el lago de La Isla y ha dejado saber que la empresa Wake Club Fornelos es responsable del saneamiento del cuerpo de agua, lo que tendría como consecuencia la muy lamentable defunción del instructor. Se esperaría que el gobierno del estado apoye a la familia con la asesoría legal para gestionar la debida indemnización y el pago por daño moral, además de la anunciada multa por 18 mil UMAS, que equivalen a 2.1 millones de pesos.

La exigencia a la SSY va más allá de sus laboratorios: le ha tocado también la vigilancia de las personas en riesgo de haber contraído la ameba, y hasta el momento, aquí el panorama es halagüeño, más si se toma en cuenta que otro aspecto que se ha atendido es el pago al personal de enfermería que recién ingresó al Hospital O’Horán, que aún debe regularizarse en conjunto con el gobierno federal y el IMSS -Bienestar.

Otro frente abierto, aunque éste lleva ya varios meses, es el del Sistema de Transporte Va y Ven. Debe hacerse hincapié que, en este tema, el gobierno yucateco no ha sido efectivo en su estrategia de comunicación, pero ahora ha sido el propio mandatario, Joaquín Huacho Díaz Mena, quien ha salido a asegurar que el sistema continuará operando y que el supuesto incumplimiento de acuerdos con los permisionarios del transporte público no es más que el ajuste a la Ley de la Agencia de Transporte (ATY) y el paso de un esquema de pago por kilómetro realmente recorridos cuando se heredó uno que no garantizaba que cada vehículo llegara a la distancia pagadera. Se cambia pues, de una iguala a un pago por servicio efectivamente prestado.

Debe apuntarse que la oposición ha querido aprovechar que la comunicación con respecto al Va y Ven no ha sido lo pronta y eficiente que debiera para sembrar la percepción de que se pretende regresar a los autobuses que se empleaban hasta 2022, muchos de los cuales databan de finales del siglo pasado; de manera que resulta fundamental aclarar que lo que se cambia es el modelo de pago, no el servicio al público, que es el que mantiene viva la economía estatal. Así, Díaz Mena muestra un doble interés: que se garantice la movilidad y la defensa de las finanzas públicas, tomando en cuenta que el modelo anterior implicaba pagar por más de un millón de kilómetros no recorridos al mes.

Por último, pero no menos importante dada la vulnerabilidad de la península ante los ciclones, el gobernador anunció que el estado está preparado para responder ante cualquier contingencia; esto dicho en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Protección Civil, y el aniversario del paso del huracán Isidoro.

Debe recalcarse que la ciudadanía juega un papel primordial en este último rubro, dado que es quien debe aplicar las medidas de prevención. Y aunque históricamente la respuesta ha sido positiva y es posible hablar de la existencia de una cultura de preparación para las temporadas de tormentas en el golfo de México, también podría promoverse que ésta permee a otros aspectos. Por ejemplo, cualquier potencial cliente de una empresa como la que operaba en el lago artificial de La Isla, solicitar que se le muestre el plan de protección civil, antes de inscribirse a cualquier curso; igualmente, monitorear la calidad de servicio del transporte público. Mejorar no es sólo cuestión de las autoridades, sino también de ejercer la ciudadanía y señalar dónde es posible realizar mejoras.

Edición: Ana Ordaz