Opinión
La Jornada Maya
28/09/2026 | Mérida, Yucatán
El fin de semana, Madrid vivió jornadas convulsas a raíz de la ejecución de lo que debió ser la simple ejecución de un desalojo legal, por determinación de un juzgado. Sin embargo, lo que quedó de manifiesto fue un acto del poder económico y político en contra de Maricarmen, una mujer de 87 años, contra quien la inmobiliaria Urbagestión promovió el desahucio.
Para la empresa no fue fácil: le tomó cuatro intentos el hacerse del departamento de Maricarmen, a quien finalmente no se le concedió ni una hora para reunir algunas pertenencias y dejar lo que fue su casa desde su niñez. El motivo de la división en la sociedad madrileña es nimio: el supuesto privilegio de la arrendataria por pagar 500 euros mensuales de renta, en una zona donde el mercado indica que el precio debe ser por lo menos tres veces más.
Maricarmen recibió apoyo: antes existieron ofertas de ella misma para actualizar su pago y otros actores externos para comprar el piso y permitir que siguiera viviendo. Urbagestión se negó a todas ellas, y por eso ha recibido, con justicia, el mote de “fondo buitre”. Horas antes del desalojo, el Sindicato de Inquilinas organizó un plantón a las puertas del edificio, que fue reprimido por la policía; lo que siguió fueron manifestaciones de varios puntos de Madrid.
Maricarmen fue trasladada a un hospital, y desde ahí se ha convertido en símbolo de los vulnerables ante los abusos del mercado inmobiliario, que son los extremos: los adultos mayores arraigados al vecindario que por las circunstancias que se quiera no lograron hacerse de una propiedad, por un lado, y los jóvenes que por más jornadas laborales que acumulen consiguen un techo mínimamente digno que les permita continuar un proyecto de vida , ya no digamos formar una familia.
La moda, denuncian los medios españoles, es comprar edificios con los vecinos dentro, sin ningún aviso. Después, en aras de maximizar las ganancias, vienen medidas para deshacerse de ellos, como si se tratara de insectos nocivos.
En México no nos encontramos lejos de vivir algo semejante. La gentrificación se aceleró desde la pandemia, cuando se trató de atraer a los nómadas digitales a instalarse en zonas tradicionales en vías de modernización, haciendo a un lado a negocios y familias que llevaban décadas de arraigo. El efecto de desplazar a los locales se refleja en las estadísticas: la caída en los índices de natalidad en todo el mundo está vinculada también al acceso a la vivienda desde el ingreso al mundo laboral.
La península de Yucatán está también próxima a un escenario semejante. Buena parte del mercado inmobiliario se ha dirigido hacia la atención a residencias breves, de fin de semana a siete días como máximo, atendibles a través de plataformas como AirB&B, lo que ha llevado a un aumento de las rentas de largo plazo, mediante contrato, haciendo que los alquileres rebasen por mucho los ingresos de la mayor parte de los yucatecos.
El Estado mexicano ha respondido con la construcción de complejos habitacionales destinados a trabajadores que no rebasen los dos salarios mínimos como ingreso, o que por ejercer independientemente un oficio o profesión no cuenten con seguridad social, pero en el largo plazo, valdrá la pena cuestionar si esto es suficiente o si solamente se están construyendo ciudades dormitorio para la masa trabajadora: habitaciones en la periferia para quienes ya se encuentran en los márgenes, mientras la especulación inmobiliaria sigue sin freno alguno, y las plataformas de hospedaje sirvan para disfrazar la competencia desleal al sector hotelero.
El apoyo que ha recibido Maricarmen ha venido de organizaciones como el Sindicato de Inquilinas. En su historia, Yucatán contó con una agrupación semejante, hace ya un siglo; la lección está ahí, para quien quiera aprender de ella si se da un caso como el de Maricarmen en este lado del Atlántico.
Edición: Ana Ordaz
