Opinión
Luis Antonio Blanco Cebada
28/09/2026 | Mérida, Yucatán
“¡El agua es nuestra, carajo!”, gritaron los bolivianos de Cochabamba en el año 2000 cuando el ayuntamiento otorgó en 1999 la concesión del manejo del agua a un consorcio privado internacional llamado “Aguas del Tunari”. “Esto supuso el alza de las tarifas del agua de hasta un 250 por ciento” (Abantangelo y Peláez, 2023, 228). Entonces trabajadores, estudiantes y campesinos agrupados en la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida (CDAV) convocaron a un referéndum en marzo del 2000 con la finalidad de preguntarle a la población si estaba de acuerdo o no con las reformas gubernamentales. El 90 % dijo: “No”.
¿Qué ocurrió después? Presenciamos la primera gran movilización social en latinoamérica en el siglo XXI: enfrentamientos entre manifestantes y la policía, personas encarceladas y declaración oficial de estado de sitio. Al final, la victoria es de la CDAV al tomar la plaza de armas de Cochabamba. La CDAV “firma un acuerdo con el gobierno que garantizaba el retiro de Aguas del Tunari y que permitía la normalización del servicio de agua potable a Cochabamba. Los manifestantes detenidos debían ser liberados y la Ley 2029 fue derogada” (Abantangelo y Peláez, 2023, 2234).
¿Qué semejanzas y diferencias encontramos con Yucatán en esta experiencia de participación popular en la toma de decisiones públicas?
En primer lugar, mucho se ha documentado sobre el problema fuerte de extractivismo industrial que contamina el subsuelo y vulnera la reserva de agua en la península. Las protestas en el estado datan de hace más de diez años y, según el informe “Extractivismo y cambio de uso de suelo en la península de Yucatán. Legislación, derechos humanos y defensa del territorio” realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C. y Kanan Derechos Humanos A.C., a los pueblos mayas “no se les ha solicitado sino rara vez su consentimiento informado sobre los proyectos instalados o por instalarse en sus territorios” (2024, 70).
En segundo sitio, en contraparte y desde otro orden de gobierno, el ayuntamiento de Mérida, a decir de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, posee ya una raigambre de consultas ciudadanas sostén de la planeación urbana: “más de 9 mil personas intervinieron en el proceso de actualización del ordenamiento urbano y que se han destinado más de 178 millones de pesos del presupuesto participativo para realizar obras elegidas directamente por la población” (La Jornada Maya, 18 de septiembre de 2026). En otras palabras, Mérida se está consolidando como referente de una relación más horizontal entre gobierno y ciudadanía.
En consecuencia, las preguntas inevitables son: ¿qué pasaría si el gobierno del Estado de Yucatán se coordina con las dependencias federales correspondientes (como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas [INPI]) para implementar y hacer valer los resultados de la consulta libre, previa e informada al pueblo maya? ¿Cuánto porcentaje de la población estaría a favor y cuánta en contra de la instalación y continuidad de las granjas porcícolas? ¿Y si el ayuntamiento de Mérida consultara primero a la población sobre sus diversas demandas (de servicios y espacios públicos, de transporte, de redistribución territorial, etcétera) antes emitir una convocatoria para votar por temas (pre) diseñados desde el escritorio? ¿Y qué pasaría si los resultados de las consultas tanto en Mérida como en el estado de Yucatán fueran no solo un mecanismo de participación sino uno de incidencia, es decir, vinculantes?
En efecto, los mecanismos de participación ciudadana, tal y como están hoy normados, ¿constituyen espacios reales de negociación entre ciudadanía y gobierno o solamente representan canales para recoger demandas?
La respuesta no está en el aire, sino en la mejora continua de las leyes y los procesos participativos. ¿Por qué esperar una revuelta mayúscula como ocurrió en Cochabamba si se puede desde hoy generar relaciones horizontales con la ciudadanía? La gobernanza no es una definición acabada. Es un proceso: activo, orgánico en sus dimensiones operativas y no exento de conflictos. Subyace, empero, una dimensión ética en pro de una cultura política más incluyente: la gobernanza debe ser un proceso vinculante.
@ORGA_UNAM_
Edición: Ana Ordaz
