Restaurar humedales amenazados, ¿sólo por el Estado?

La península de Yucatán cuenta con un ecosistema de importancia fundamental para la biodiversidad y la mitigación de impactos del principal riesgo ambiental asociado a la región, los huracanes. Se trata de los humedales costeros, donde la vegetación imperante se divide en cuatro variedades de mangle: rojo, blanco, negro y botoncillo, cuyas raíces son refugio y nido para una infinidad de especies comerciales. Conocido el valor de sus servicios ambientales, resulta obvio que se les proteja.

Sin embargo, junto con la duna costera, los humedales son amenazados por manos humanas, en diferentes escalas. Lo mismo se han formado colonias a raíz de invasiones y rellenos clandestinos de la ciénega, que ha habido empresas dispuestas pagar o “invertir” en el uso de maquinaria para arrasar con la vegetación y poder construir torres de departamentos y amenidades. 

Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del gobierno de Yucatán se limitó a reconocer un solo factor como amenazante, que es una de las funciones del Estado, como la ejecución de obra pública, particularmente carreteras y bordos costeros. Al menos esto es lo que se infiere del “Programa de subsidios o ayudas denominado Entrega de Apoyos e Insumos para la Restauración de los Humedales Costeros del Estado de Yucatán”, cuyas reglas se publicaron este martes 29 de septiembre en el Diario Oficial del Estado de Yucatán.

Parte sustancial de los “considerandos” del acuerdo publicado son los reconocimientos que se hacen a la situación de los humedales costeros. En resumen, se admite que la totalidad se encuentra bajo un esquema de conservación, que su integridad está amenazada ya que las carreteras y bordos costeros tienen impactos ecológicos adversos, “que se manifiestan en la degradación del manglar, la eutrofización del agua y el asolvamiento del sistema natural de drenaje. El diseño actual de las carreteras y bordos costeros produce erosiones severas en los márgenes orientales de los mismos [...]”, y que ya se identificaron 30 obstrucciones al flujo hídrico, a lo largo de la franja costera, desde Celestún hasta El Cuyo.

Finalmente, se admite que entre 1988 y 2004 se perdieron 2 mil 879 hectáreas de manglar, una cifra mínima de 149 hectáreas por año, hasta que se revisa dónde han sido los impactos y se observa que falta incluir los últimos 20 años, que han implicado mayor desarrollo en la costa.

De nuevo, el daño a los humedales no ha sido causado únicamente por la infraestructura carretera. El programa de la SDS termina por atender puntos específicos en Sisal y Chabihau, poblaciones que pertenecen a los municipios de Hunucmá y Yobaín respectivamente, sin tocar otros puntos de la costa que han sido impactados por manos empresariales, que también son parte de la “presión sobre los humedales” que mencionan las reglas de operación publicadas.

Que se haya convocado a pobladores de esas comunidades para realizar la restauración, pagándoles 600 pesos por día, durante tres meses, es un modo de involucrar a la gente en la protección ambiental. Sin embargo, la conciencia sobre la importancia de los humedales ya está ahí. Los impactos de huracanes que han azotado a Yucatán aún se ven en poblaciones como Chabihau. Incluso, en un municipio que no está contemplado, como es Progreso, se reconoce que la erosión que está afectando sus playas está relacionada al descuido de los humedales y a la remoción de vegetación de la duna.

De tratarse de un programa específico, esperaríamos que la SDS tenga en preparación otro para la recuperación de la duna costera, que deberá ir acompañado del fortalecimiento de la legislación ambiental en el estado; pero sobre todo, de que se cuente con autoridades comprometidas con hacerla cumplir y pongan un alto a las empresas que prometen desarrollo a costa de suprimir el equilibrio ecológico.

Edición: Ana Ordaz