Opinión
La Jornada Maya
30/09/2026 | Ciudad de México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Chihuahua legislar para blindar las elecciones estatales de la injerencia extranjera, tras concluir que omitió incorporar en su reforma electoral del pasado 30 de junio la causal de nulidad prevista en la Constitución federal cuando ese tipo de intervención influya en los resultados.
La sentencia del máximo tribunal se produjo el mismo día en que el Congreso de la Unión aprobó la reforma que prohíbe ostentar una segunda nacionalidad a quienes aspiren a desempeñar la titularidad del Ejecutivo federal, gubernaturas o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Con 86 votos a favor, 41 en contra y una abstención, el Senado validó la iniciativa previamente votada por los diputados y la remitió a los congresos estatales, a fin de que continúe el proceso del Constituyente. La adición a la Carta Magna, que busca disminuir el riesgo de dobles lealtades y conflictos de intereses entre los gobernantes, ha sido criticada por la oposición bajo el supuesto de que vulnera los derechos de la comunidad migrante. Está claro que no es así: toda persona que desee contender por los cargos referidos puede hacerlo, siempre y cuando renuncie a cualquier nacionalidad adicional a la mexicana.
También cabe destacar que la anulación de algunas partes de la reforma electoral de Chihuahua sucede en un contexto en que el gobierno de la entidad, encabezado por la panista María Eugenia Campos, se encuentra involucrado en la violación sistemática de las leyes nacionales y la entrega del estado al aparato de inteligencia estadunidense. Es preciso recordar que un accidente de tránsito ocurrido en abril pasado puso al descubierto la operación ilegal y a gran escala de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en territorio chihuahuense. Al revelarse la implicación de la fiscalía y el Ejecutivo locales, éste no sólo no rectificó, sino que desafió a la Federación al proclamar que continuará facilitando las violaciones a la soberanía nacional.
De hecho, las modificaciones constitucionales en materia electoral impulsadas por Campos reflejan la determinación de pisotear la legalidad y descarrilar la democracia. Sus disposiciones vulneran principios como la presunción de inocencia, al habilitar sanciones a aspirantes, precandidatos y candidatos por haberse beneficiado de actos delictivos, nexos con el crimen organizado o financiamiento ilícito cometidos por terceros, aun sin acreditar su responsabilidad. Es decir, basta con que la autoridad señale a un candidato para hundir sus aspiraciones, sin presentar pruebas ni poder sostenerlas ante un tribunal.
Dado que el proceso comicial comienza mañana y la Constitución establece que las modificaciones electorales fundamentales deben publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso en el que vayan a aplicarse, el fallo de la Suprema Corte tendrá efecto hasta 2030.
El año entrante, en consecuencia, los votantes de Chihuahua se encontrarán a merced de la arbitrariedad de su gobernadora.
Edición: Ana Ordaz
