Opinión
La Jornada
02/10/2026 | Ciudad de México
Dos hermanos apenas adultos ingresaron a la Secundaria 13 del ejido La Unión, detonaron petardos y atacaron con machetes al menos a cinco personas, una de las cuales murió. La persona fallecida era la subdirectora del plantel ubicado en Torreón, Coahuila, y entre los heridos hay tres alumnos, uno de ellos en estado grave tras perder una mano. De acuerdo con los primeros informes, los agresores son ex alumnos de la institución y actuaron movidos por “sentimientos contra la escuela”. Ambos son conocidos en la comunidad y fueron detenidos por los propios pobladores.
La tragedia de Torreón se inscribe en un patrón creciente de ataques perpetrados por jóvenes en entornos escolares. Sólo un día antes, un estudiante de 13 años acuchilló a cuatro de sus compañeros de la escuela secundaria general Esperanza Cabrera, en la ciudad de Querétaro; el intendente y varios maestros lograron desarmarlo. El 10 de septiembre, varios estudiantes discutieron en la secundaria José Vasconcelos de Villa de Álvarez, Colima, y uno de ellos sacó una navaja, con la cual empezó a herir a sus compañeros; una prefecta se dio cuenta, intervino para frenar la agresión y también sufrió lesiones. El 22 de mayo, una pelea entre condiscípulos de secundaria en Ezequiel Montes, también en Querétaro, terminó con la muerte de uno de ellos. El cuerpo del menor fue abandonado en un predio cercano a la escuela. El 12 del mismo mes, un alumno de segundo grado de la secundaria técnica número 37 de Huimanguillo, Tabasco, sacó un cuchillo de su mochila y apuñaló por la espalda a su maestro luego de que éste se negara a recibirle tareas atrasadas. El 24 de marzo, un adolescente de 15 años se dirigió a la preparatoria privada donde estudiaba, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y asesinó a dos maestras con un rifle de alto poder. Este episodio tiene un tinte siniestro porque antes de cometer el crimen, el joven subió a redes sociales videos donde portaba el arma y advertía: “Hoy es el día”. El 12 de febrero, un estudiante apuñaló a otro en el transcurso de una riña en la escuela secundaria diurna número 324 Alfonso Caso Andrade, en Tláhuac.
El 22 de mayo, varios jóvenes apuñalaron a un estudiante en un baño del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, en la Ciudad de México. El incidente generó movilizaciones porque fue el segundo ataque armado en menos de un año en el campus: en septiembre de 2025, un joven autoidentificado como incel (célibe involuntario, subcultura de hombres que desarrollan ideas misóginas por sus dificultades para relacionarse con las mujeres) mató a un estudiante que convivía con su novia e hirió a un conserje que detuvo la agresión. El 26 de enero de 2024, un estudiante de 16 años ingresó a su salón de clases del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe, en Monterrey, y atacó con un cuchillo de cocina a su ex novia.
Este recuento permite distinguir dos detonantes claros: la violencia machista y la incapacidad de procesar conflictos de manera sana. Como se observa en un relato tras otro, lo más habitual es que los eventos se inicien como pleitos comunes que en un contexto normal se dirimirían mediante el diálogo o quedarían en un disgusto pasajero, pero se tornan trágicos cuando alguien escala las diferencias verbales a un nivel físico. Por otra parte, hay un recordatorio de que las comunidades virtuales de la machósfera no son inocuas y que sus miembros pueden pasar del discurso a los hechos con resultados letales.
La lección de todos estos lamentables episodios es que ya no se puede hablar de casos aislados, sino de una crisis de salud mental entre adolescentes que se manifiesta lo mismo en pequeñas localidades que en las grandes metrópolis. Entender y atender las causas de este fenómeno debe ser objeto de políticas públicas de gran envergadura que prioricen el bienestar de los jóvenes, contemplando todas las peculiaridades que hacen de la actual una generación única marcada por procesos tan complejos como la pandemia de Covid-19, el auge de la inteligencia artificial y las crecientes adicciones a redes y dispositivos digitales. Y debe ser en los planteles educativos, escenarios principales de los hechos violentos enumerados, donde se pongan en práctica las acciones correspondientes.
Edición. Aan Ordaz
