Opinión
La Jornada Maya
05/10/2026 | Mérida, Yucatán
En el último trimestre, la política educativa nacional resultó cuestionada desde varios frentes. Lo que se ha visto, sin embargo, es más el efecto de varias décadas de descuido de las escuelas públicas pero especialmente de quienes tienen la vocación y responsabilidad de enseñar: el personal docente.
En principio, los resultados en la prueba PISA no fueron precisamente halagüeños para México. El país se ubicó entre los últimos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los rubros de comprensión lectora y razonamiento matemático, lo que conduce a pensar si el perfil general del alumnado que ingresará a las escuela de educación media superior (preparatorias, colegios de bachilleres o de educación técnica) poseen las habilidades requeridas para continuar con sus estudios o siquiera para incorporarse al mercado laboral, en los puestos más básicos.
Ahora, casi por inercia, el análisis de esos resultados se traduce en una búsqueda de culpables que termina en el eslabón más débil: los profesores, quienes diariamente libran la batalla por enseñar en ambientes adversos, comenzando por el número de alumnos dentro de cada aula, y éste es tal vez el menor de los obstáculos.
En México, y gran parte del mundo, la figura del docente está deteriorada. Esto en buena medida por la falta de apoyo institucional. Basta recordar que como preámbulo a la reforma educativa de 2012 se difundió la especie de que los maestros resultaban un gremio útil como fuerza política, pero no el más preparado para dirigir a un grupo de infantes. El resultado visible hoy es la vulnerabilidad de quienes antes fungían como figuras de autoridad, líderes de la comunidad escolar.
Los ataques al profesorado no se limitan a la devaluación de su papel por parte de la burocracia en la Secretaría de Educación, ya sea federal o estatal. Cada vez que se le obliga a modificar calificaciones o aprobar a alumnos que incumplieron requisitos mínimos, el mensaje es que su trabajo de todo el ciclo no es fundamento del pase de año para cada estudiante. Entonces, de nada sirven planeaciones, diseños de evaluación, rúbricas, sesiones del consejo técnico, etcétera. Lo ocurrido en la Secundaria 13 del Ejido La Unión, en Coahuila, donde dos ex alumnos perpetraron un ataque que dejó cuatro personas heridas y a la subdirectora muerta, el pasado jueves, es el extremo de la situación.
Es verdad también que los presupuestos de egresos pocas veces incluyen el mantenimiento de edificios públicos. En el caso de las escuelas, las historias de baños en condiciones insalubres, techos a punto de caerse o incluso ventiladores que llevan varios años sin funcionar, suelen ser parte de la normalidad. Socialmente, se trata de una injusticia: es decirle a la niñez que esas son las condiciones que merece para desarrollar su aprendizaje para la vida adulta.
Así, que se presenten proyectos ante el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), es una buena señal por parte del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, quien también se ha desempeñado como maestro, al igual que su esposa; por lo que es de suponer que ambos conocen de primera mano las deficiencias materiales que enfrentan sus colegas.
Díaz Mena está ya en el segundo tercio de su mandato, así que aún está en buen tiempo para emprender la construcción y equipamiento de planteles escolares para todos los niveles. Pero recordemos que éste es uno de los aspectos que se requiere para favorecer procesos significativos de aprendizaje; es decir, que el alumnado realmente adquiera habilidades y no solamente responda exámenes. Queda pendiente completar la proporción: a escuelas dignas y seguras, profesores respetados en su dignidad, seguros en su empleo y respaldados por las autoridades. Nadie quiere que tragedias como la de Coahuila se hagan más frecuentes y en México terminemos hablando de tiroteos escolares, como en Estados Unidos.
