Radiópolis y la 'censura'

En unas cuantas horas, entre la noche de este martes y el mediodía del miércoles, se desarrolló una intensa campaña en Internet que pretendía responsabilizar al presidente de la República de supuestos actos de censura y represión al periodismo, a cuenta de acciones físicas y legales entre las dos partes propietarias del sistema radiofónico Radiópolis, que incluye a W Radio y su barra informativa en la que participan como principales conductores de programas, en distintos horarios, Gabriela Warkentin, Javier Risco, Carlos Loret de Mola y Enrique Hernández Alcázar.

A tal grado llegó la ansiedad por emitir un dictamen negativo contra el habitante de Palacio Nacional, que Felipe Calderón Hinojosa, con todo y su denso historial en cuanto a agresiones al periodismo crítico, se permitió lanzarse poco después de las ocho de la mañana del miércoles con un tuit esperanzado: “Si @CarlosLoret sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno. El más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del Presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos. #sonPIOres”. A las cuatro de la tarde, FCH volvía al Twitter: “@CarlosLoret transmitió su programa de radio; dice que los directivos le comentaron que no está en riesgo la libertad de expresión. Qué bueno que no se confirma la cancelación de su programa. Da gusto rectificar así las cosas”.

En ese intervalo se produjeron interpretaciones disparatadas de lo sucedido en W Radio, al extremo de comparar estos sucesos con el golpe a Excélsior en 1976, con Luis Echeverría como presidente de la República. Incluso se habló, sin sustento, de una toma violenta del edificio de la radiodifusora, al estilo de lo sucedido cuando Grupo Azteca se hizo de la planta transmisora de CNI Canal 40, de Javier Moreno Valle, en el cerro del Chiquihuite.

En realidad, se está en presencia de un choque de posturas empresariales entre el Corporativo Coral, con Miguel Alemán Magnani al frente, que compró a Televisa 50 por ciento de las acciones de Radiópolis y ahora disputa al grupo español Prisa (cuyo principal producto es el diario El País), propietario de la otra mitad accionaria, el control editorial y general de un negocio hecho a contrapelo o cuando menos con una interpretación convenenciera de leyes mexicanas sobre radiodifusión e inversión extranjera, que en un texto prohíben las conformaciones neutras y obligan a que el capital nacional tenga 51 por ciento de las acciones, y otro texto en el que se puede asumir la posibilidad de esos paquetes paritarios de acciones.

El acuerdo, propiciado por el entonces presidente Vicente Fox, el ex presidente español Felipe González y el multimillonario Carlos Slim, permitió a la española Prisa quedarse con el manejo editorial de Radiópolis y a Televisa con el control financiero. Al entrar Radiópolis en problemas económicos, Televisa vendió su parte al grupo encabezado por Alemán Magnani, de por sí muy emproblemado por Interjet, quien no pudo cubrir en tiempo sus obligaciones de pago.

Ante tal insuficiencia económica, Alemán ahora aparece con aliados pecuniarios: Rosa María Rubio, Teresa Pasini y Samantha del Valle. Rubio es esposa de Carlos Aguirre Gómez, quien fue director de Radio Centro y uno de sus copropietarios; Pasini lo es del polémico tabasqueño Carlos Cabal Peniche, uno de los empresarios de súbita prosperidad durante las privatizaciones salinistas, quien estuvo preso durante años en Australia y luego fue declarado en México exento de responsabilidad por actos de defraudación y corrupción, y Del Valle es hija de Alejandro del Valle, empresario relacionado con Cabal Peniche.

El nuevo director general de Radiópolis, a nombre de Alemán y Cabal, es un personaje ligado a éste, Ignacio Carral Kramer, quien pretendió meses atrás cerrar una jugosa venta, sin licitación pública, de 8 mil cajeros automáticos para el Banco del Bienestar, operación que fue frenada por instrucciones de Palacio Nacional. ¡Hasta mañana!

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