Desinformación: la mano de Washington

El sábado pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reveló que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, conspiró con él para vulnerar la soberanía nacional y convertir a la entidad en un centro de operaciones para el espionaje de Washington. En cuanto el gobierno federal pidió explicaciones al mandatario local por violar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, se puso en marcha un operativo mediático para defender al panista y al diplomático.

El golpeteo desatado en medios ha tenido varios ejes principales fácilmente identificables: acusar al Ejecutivo federal de incurrir en una pifia al desconocer un acto del que fue previamente informado, negar la existencia de un delito, normalizar el injerencismo estadunidense e instalar la idea de que defender la soberanía es ponerse del lado de los criminales. Para llevar a cabo el primer propósito se han servido de un oficio en el cual la administración queretana informa a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de la visita de Johnson. Pero, de manera tramposa, omiten que cada palabra de ese documento es una cortina de humo para ocultar que la presencia del embajador no formó parte de un acto protocolario, sino que consumó años de colaboración ilegal para dar a agentes estadunidenses acceso al país y poner en sus manos información confidencial a espaldas de la Federación, única instancia facultada para tratar con representantes extranjeros.

Asimismo, políticos y comunicadores de derecha han echado mano del recurso de repetir una mentira hasta hacerla pasar como verdad al asegurar que la conducta de Kuri se encuentra dentro del marco de las leyes, cuando éstas han sido violadas de forma ostensible e incluso provocadora. Pero lo más inquietante es la determinación con que dichos actores tratan de convencer a sus audiencias de que la cesión de las tareas de seguridad a los organismos de inteligencia y a las fuerzas armadas de Estados Unidos es la única manera de mostrar voluntad de combate a la delincuencia y, por lo tanto, denunciar los ataques de Washington contra nuestro país significa proteger a los miembros del crimen organizado. Este comportamiento resulta execrable ante el historial de intervenciones estadunidenses y el papel de sus gobiernos en algunos de los pasajes más siniestros del pasado mexicano, desde la dictadura de Victoriano Huerta –tramada en la embajada de Washington– hasta la imposición del calderonato, pasando por la masacre de Tlatelolco.

De confirmarse la coordinación entre los agentes de la Casa Blanca y quienes ejercen como sus voceros oficiosos en México, tendría que hablarse no sólo de individuos y empresas mediáticas con nulo sentido ético, sino de una evidente traición a la patria. Existen elementos para pensar que ése es el caso. En marzo pasado, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, instruyó a las embajadas y consulados de su país a convertirse en centros de desinformación que impongan el discurso del trumpismo en las naciones donde operan. Las órdenes se transmitieron mediante un cable –divulgado por el medio británico The Guardian– en el que Rubio insta a dar mayor visibilidad a voces locales que apoyan los intereses estadunidenses y promover lo que denomina “contar la historia de Estados Unidos”. Va más allá: indica a las embajadas que “recluten a influencers, académicos y líderes comunitarios locales en el extranjero” para difundir mensajes con un enfoque diseñado para que “las narrativas financiadas por Estados Unidos se perciban como algo orgánico a nivel local, en lugar de algo dirigido desde un centro de mando”. Todo este trabajo de infiltración se hará de la mano con la unidad de Operaciones Sicológicas del Departamento de Guerra, conocida como MISO (por sus siglas en inglés, Operaciones de Apoyo a la Información Militar).

Es imposible ignorar la coincidencia entre los planes del trumpismo para cooptar a personas influyentes afines en el extranjero y el alineamiento de la derecha política y mediática con la agenda de Washington. Con tales antecedentes, sería peligroso pasar por alto las señales de que nuestro país es objeto de un operativo a gran escala para manipular a la opinión pública y descarrilar la democracia a fin de instalar aquí un régimen títere a semejanza de los que Trump y Rubio se jactan de haber impuesto en el resto de América Latina.

Edición: Ana Ordaz