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La desgastada Conago

Desencuentro entre órdenes de gobierno vive una de sus crisis más agudas en la historia de federalismo mexicano
Foto: Cuartoscuro

En un escenario marcado por el encono y la desconfianza se celebró una edición más de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), reunión que había despertado entre algunos muchas expectativas dada la insistencia de los gobernadores del país por encontrarse con el titular del Ejecutivo federal. Pese a ello, con excepción de la solicitud del cese del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell -que habían formulado los gobernadores de la Alianza Federalista- hubo acuerdo en ir avanzando en tres grandes asuntos: la revisión de los recursos federales que se entregan a los estados, el eventual inicio de los análisis para redefinir el pacto fiscal que nos rige, y el ajuste al semáforo epidemiológico del COVID-19, para que tenga carácter orientativo.

Con todo, la reunión de San Luis sólo hizo evidente que la Conago es ya una instancia desgastada y que el desencuentro entre órdenes de gobierno vive una de sus crisis más agudas en la historia de federalismo mexicano. No tiene base jurídica escrita en lugar alguno de la estructura institucional del país y ha sido, en el mejor de los casos y prácticamente desde su creación, una organización infomal para discernir diferencias políticas entre gobernadores y contrapeso del poder presidencial, pero no un lugar para llegar a acuerdos orientados a mejorar la eficacia del pacto fiscal, la recaudación tributaria y la solidez de las finanzas públicas. Vamos, la Conago nunca trabajó a favor de la hacienda pública que el país requiere.

Participaciones federales

Por lo que hace al primer acuerdo, es de entenderse que la posición de la Secretaría de Hacienda sea la de recordar a los titulares de los gobiernos subnacionales que el asunto de las participaciones federales, más allá de cumplirse con el calendario de distribución puntualmente, no puede ser abordado sin la necesaria reestructuración de los niveles de endeudamiento en que han incurrido a lo largo de varios años una buena proporción de las entidades federativas, y que pudo haberse moderado a partir de que se promulgó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios en 2016.

Hasta ese año, siete entidades del país registraban un nivel de deuda que sobrepasaba con mucho el nivel de sus participaciones federales, varias de ellas con ex gobernadores hoy en la cárcel o prófugos de la justica: en el caso particular de Quintana Roo y Coahuila su relación de deuda/participaciones era de más de 250 por ciento; Chihuahua y Nuevo León más de 200 por ciento, y Veracruz, Sonora y Baja California más de 100 por ciento.

Uno de los factores que ha sido señalado como causante de un mayor endeudamiento de las entidades federativas es su baja capacidad de recaudación de ingresos propios, asociado a un alto nivel de gasto operativo; es decir, el presupuesto ejercido en el pago de salarios, prestaciones, servicios básicos y materiales y suministros y, en no pocos casos, el despilfarro y el desvío de recursos, en detrimento de la inversión publica.

Endeudamiento de estados

Aunque no se cuenta con infomación más reciente es poco probable que tales niveles de endeudamiento hayan disminuido sustancialmente, por lo que lo que la perspectiva es que Banobras se encargue de atender la restructuración de las entidades que lo requieran y, en su caso, se promuevan acuerdos para facilitar nuevos créditos.

Quedó claro entonces que la Conago no puede ser, de ninguna manera, la instancia en donde se discuta un nuevo pacto fiscal y que, en todo caso, esa discusión debe darse poniendo en el centro del debate el tema de las competencias de cada gobierno, es decir, qué le corresponde hacer y recaudar al gobierno federal y qué le corresponde a los gobiernos subnacionales, mediante una Convención Nacional que construya la hacienda pública que el país requiere. Así lo ha entendido el presidente y su secretario de Hacienda, al dar instrucciones de que ello se de en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal conforme lo establece la propia Ley en la materia. Se trata de un asunto que seguramente llevará mucho tiempo, pero que ya no puede seguirse postergando.

*Académico de la UNAM

[email protected]

Edición: Emilio Gómez


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