Opinión
La Jornada
12/10/2026 | Ciudad de México
La grave crisis de desabasto y contaminación del agua potable en los municipios conurbados de la capital jalisciense (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá), que ha venido gestándose desde hace años, se agudizó hace unos meses, cuando los habitantes empezaron a recibir en sus domicilios un líquido maloliente y contaminado por sustancias orgánicas e inorgánicas. Tal situación ha desembocado en movilizaciones ciudadanas de protesta, la más reciente de las cuales derivó en violentos enfrentamientos en las inmediaciones de la Casa Jalisco que dejaron un saldo de 59 lesionados –entre manifestantes y efectivos policiales– y 39 detenidos, según cifras de las autoridades. Las provocaciones de algunos fueron brutalmente respondidas con una represión generalizada: gases lacrimógenos, bastones y chorros de agua empleados sin ningún discernimiento.
Es ineludible la responsabilidad que tienen los gobiernos de Enrique Alfaro y Pablo Lemus. En el sexenio pasado el gobierno federal buscó resolver el problema del desabasto para la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) mediante la terminación de la presa El Zapotillo –un proyecto que se inició en 2009– con las modificaciones necesarias para evitar que la obra inundara las localidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, las cuales habían venido protagonizando un memorable movimiento de resistencia contra la obra; la autoridad estatal, por su parte, tenía que desarrollar un acueducto complementario que nunca construyó, de modo que la principal fuente de agua para la urbe sigue siendo el Lago de Chapala, de donde el fluido se transporta por un canal a cielo abierto y por un acueducto cerrado; ambos son insuficientes y en ellos el agua se contamina y experimenta grandes pérdidas. Para colmo, las plantas potabilizadoras están rebasadas y han llegado al final de su vida útil.
No es fácil entender la indolencia de Lemus, si se considera que necesariamente está al tanto de esta problemática desde hace mucho tiempo, habida cuenta que fue presidente municipal de Zapopan (2015-2021) y de Guadalajara (2021-2023) antes de asumir la gubernatura de Jalisco y que pertenece al mismo partido que su antecesor en ese último cargo: Movimiento Ciudadano. La indolencia ha llegado a tal grado que no fue sino hasta la semana pasada, después de que la indignación social ya había alcanzado cotas alarmantes, cuando el gobernador anunció que presentaría un plan para resolver el problema.
En tales circunstancias, es inevitable considerar la interpretación de esta aparente ineptitud como parte de un plan orientado a poner la administración del agua en la ZMG en manos privadas y a buscar que la sociedad y las instancias federales se vean obligadas a aceptar, bajo la presión de la crisis, la contratación de empresas particulares en términos desfavorables al erario y a los consumidores. Lo mismo puede sospecharse de las advertencias de la gubernatura en el sentido de que resolver la crisis tomará meses y que, entre tanto, seguirá vigente el sistema de tandeos de aguas inmundas.
Lo cierto es que, en lugar de atender una situación que pone en riesgo la salud y la vida de millones de personas, el gobierno de Lemus ha optado por la represión. Pero la violencia gubernamental viene de mucho antes porque, a fin de cuentas, el distribuir durante meses agua sucia y contaminada a la población es una forma particularmente inhumana de violencia.
Edición: Ana Ordaz
