Gobernanza universitaria, ¿hay cabida para los campus regionales de la UNAM?

La UNAM ha sido históricamente la conciencia crítica de México y el mayor referente intelectual para pensar y cuestionar libremente las complejidades de nuestra realidad nacional. Esa vocación se ha consolidado gracias a un proceso de desconcentración y expansión territorial exitoso que, en las últimas décadas, ha logrado afianzar el quehacer universitario en los entornos regionales. Hoy la UNAM tiene presencia y arraigo en los 32 estados de la república, a través de distintas entidades de investigación, docencia y difusión cultural que generan y movilizan conocimientos relevantes y pertinentes para el desarrollo del país. Destacan particularmente los campus foráneos donde, en los últimos años,  se han establecido cinco Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES): Morelia, Juriquilla, León, Oaxaca y Mérida; al presente, concentran a más de cuatro mil estudiantes que cursan  carreras multidisciplinarias, innovadoras y que conectan con las necesidades y demandas educativas regionales.

Pero mantener a una Universidad de ese tamaño como un espacio autónomo, plural, dinámico y enraizado en todo el territorio nacional,  demanda modos de gobernanza renovados, que promuevan una conducción institucional más descentralizada, flexible y acordes a su creciente capilaridad territorial. El persistente clamor por una transformación radical de la UNAM, ha cobrado un nuevo impulso luego del penoso embrollo del examen de selección y es momento de que al eterno debate sobre la democratización de sus estructuras, se incorpore también la representación y participación de sus campus regionales. La cuestión se resume así: ¿cómo transitamos de una gobernanza centralizada y jerárquica- donde los campus son “sucursales” dependientes de Ciudad Universitaria- a un modelo de red horizontalmente integrada?.

Lo que ocurre en el campus Yucatán sirve bien para reflexionar sobre esta cuestión. La configuración del campus se originó en 2003, a raíz de un convenio de colaboración firmado entre la UNAM y el Gobierno del Estado de Yucatán. Actualmente lo conforman 11 entidades académicas: el Centro Peninsular en Ciencias Sociales y Humanidades (CEPHCIS), la ENES Mérida y las sedes de las facultades de Ciencias, Química, Veterinaria y Zootecnia;  los institutos de Ingeniería, Geografía, Ecología, Química y el de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. A esto se suma el Museo de la Luz y la recién creada Coordinación de Difusión Cultural. No se trata de un campus espacialmente unificado pues las entidades se distribuyen geográficamente en la ciudad de Mérida, en la localidad costera de Sisal y en el Parque Científico de Yucatán, ubicado en Sierra Papacal.  En conjunto, el campus acoge las labores de más de 200 académicos, 100 trabajadores y cerca de 500 estudiantes de licenciatura y posgrado.

Este entramado se coordina mediante un Consejo de Dirección, creado en 2019 para facilitar el funcionamiento administrativo, el uso compartido de infraestructura y la vinculación regional. La paradoja es que este Consejo de Dirección lo conforman los directores o directoras de las entidades académicas que integran el campus, quienes a excepción del CEPHCIS y de la ENES, se encuentran en Ciudad Universitaria, a más mil 300 kilómetros de distancia, inmersos en la gestión de sus propias entidades. Esto quiere decir que el órgano encargado de la conducción del campus, depende en la práctica de autoridades centrales, lo que deja escaso margen para la participación activa y vinculante de la comunidad universitaria local en la construcción de una agenda común de desarrollo y un horizonte institucional compartido. Actualmente, el porvenir universitario en la Península de Yucatán depende más del timón de Rectoría que de la inteligencia local. 

Cuando surgen conflictos, como los paros estudiantiles, o controversias como la suscitada en días pasados en la ENES Mérida, donde académicos y administrativos expusieron situaciones de violencia laboral, los canales institucionales para procesar localmente los conflictos son insuficientes e ineficaces. No queda otra que plegarse al verticalismo y pedir la intervención directa de Rectoría y la cúpula central universitaria. Y a esperar con paciencia respuestas o el milagro de una visita.

La gobernanza universitaria reclama descentralización y redistribución de capacidades decisorias, si bien la autonomía constituye una garantía fundamental para la libertad académica y el autogobierno, no excluye la rendición de cuentas, la transparencia y la revisión crítica de sus marcos legales y estructuras. La legitimidad institucional de la UNAM se fortalecería si  se reconocieran y debatieran estos problemas en espacios de discusión representativos, con miras a una transformación radical. Las comunidades universitarias locales clamamos también por eso.

Edición: Emilio Gómez