Opinión
La Jornada
14/10/2026 | Ciudad de México
El senador estadunidense por Vermont, Bernie Sanders, denunció el gasto de cientos de millones de dólares de multimillonarios individuales y grupos de interés en las elecciones estadunidenses, y llamó a reformar el sistema de financiamiento de campañas. El legislador independiente, pero cercano al ala izquierda del Partido Demócrata, señaló que, entre 2024 y 2026, el magnate billonario, Elon Musk, destinó más de 650 millones de dólares a procesos electorales; las empresas de criptomonedas, más de 500 millones; el Comité Estadunidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC), 230 millones, y grupos vinculados con la inteligencia artificial, más de 200 millones. En 2024, la multimillonaria sionista Miriam Adelson donó 100 millones de dólares a la campaña presidencial de Donald Trump y, según se jactó éste, le ofreció 250 millones adicionales si se postula a un (ilegal) tercer mandato.
En cualquier otro país, esta inyección virtualmente ilimitada de recursos por parte de las personas más acaudaladas y grupos promotores de intereses siniestros sería motivo de escándalo y generaría protestas multitudinarias. En Estados Unidos, forma parte de una perversa normalidad en que los magnates compran políticos y el presidente de la nación soborna sin pudor a los ciudadanos para que refrenden la mayoría legislativa de su partido.
El trumpismo ha instaurado un nivel de corrupción inédito en la historia moderna de ese país, pero los problemas de fondo se originan en el modelo económico estadunidense. La democracia no puede sobrevivir allí donde se permite a un puñado de individuos amasar fortunas tales que pueden destinar millones de dólares a manipular la opinión pública y moldear el gobierno a su conveniencia. Si la existencia misma de multimillonarios es un peligro para el conjunto de la sociedad, el daño se encuentra asegurado cuando las leyes autorizan a esas personas a invertir en las elecciones como si éstas fueran un activo financiero más, sin topes de gastos e incluso bajo anonimato. Si bien los republicanos son los más favorecidos por la corrupción institucionalizada, hasta el punto de que en estos comicios han gastado 500 veces más que los demócratas en la crucial competencia por Texas, ambos partidos han contribuido a la conversión del sistema electoral en una subasta.
A la corrupción generalizada se suman otras tendencias antidemocráticas, como el rediseño arbitrario de los distritos electorales, conocida como gerrymandering, o el movimiento ultraconservador que busca eliminar en la práctica el voto femenino. Los mismos políticos y estrategas republicanos admiten sin sonrojo que depositan sus esperanzas de conservar la mayoría en el Congreso en la agresiva alteración distrital, en la que los barrios de tendencia demócrata son dispersados entre varios distritos de tal manera que siempre queden en desventaja. Esta práctica, facilitada por el bipartidismo, también es realizada por ambos bandos, pero en mayor medida por los republicanos, quienes le dan un uso inocultablemente racista a fin de borrar la representación de negros y latinos. La supresión del voto femenino es una propuesta exclusivamente republicana, basada en la ideología ultraconservadora en torno al “sufragio por hogar”, ejercido por el jefe de familia en nombre de todos sus integrantes. Hasta ahora no se ha establecido en ninguna norma, pero no puede descartarse que ya se practique por la vía de los hechos en las zonas donde líderes religiosos gozan de poderes extralegales sobre las comunidades.
En conclusión, a la manera en que se reparten los cargos políticos y se ejerce el poder en Estados Unidos se le puede llamar de muchas maneras, pero hace tiempo que dejó de ser una democracia. Sólo propuestas como la del senador Sanders pueden devolver al pueblo la soberanía que le fue usurpada por una clase dominante voraz y venal.
Edición: Ana Ordaz
