Desaparecidos: precisiones

El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció que este año han sido localizadas 16 mil personas desaparecidas en México, de las más de 130 mil de las que se tiene registro en las cifras oficiales. El presidente del CDF, el ecuatoriano Juan Pablo Albán Alencastro, pidió que los procesos de cooperación de los que dio cuenta México en la sesión “se mantengan a través del tiempo”, pero también enfatizó que dicha instancia tiene la responsabilidad de continuar monitoreando la situación, solicitar información e invitar a diálogos constructivos al país, así como continuar registrando acciones urgentes.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, reiteró la disposición del país a mantener una política de apertura, diálogo y cooperación internacional. Asimismo, destacó que “el Estado mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea su modalidad”, por lo que externó el rechazo oficial a la interpretación del CDF sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Dicho inciso establece que, si el CDF recibe información confiable que indique que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio de un Estado parte, solicitará a dicho Estado toda la información pertinente sobre esa situación. Si el Estado no responde o proporciona una respuesta insatisfactoria, el Comité podrá llevar la cuestión con carácter de urgente a la consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas, con el propósito de visibilizar una crisis de gravedad extrema, promover el diálogo multilateral e impulsar la cooperación internacional para frenar el fenómeno.

La discrepancia entre el gobierno mexicano y el CDF proviene de la manera en que la Convención define la desaparición forzada: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Esta definición se basa en la idea de que únicamente los estados poseen los medios para desaparecer individuos, noción claramente ajena a la realidad mexicana, en la que los perpetradores de desapariciones son integrantes del crimen organizado. De hecho, esta situación obligó a poner al día la legislación nacional: desde 2017, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, separa la desaparición cometida por servidores públicos o con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, y aquella en que no intervino ningún agente del Estado.

Al omitir esa distinción e insistir en llevar a México ante la Asamblea General, el CDF implica al país en un delito del que no lo acusa, pues el Comité no sostiene que el Estado lleve a cabo desapariciones. Más allá de este choque de origen semántico, parece una incongruencia que se tache la respuesta mexicana de insatisfactoria al mismo tiempo que se reconocen los avances.

En este sentido, es importante remarcar que los 130 mil reportes de desaparición existentes no corresponden a este año ni a este sexenio, sino que son un acumulado de todos los casos ocurridos desde 2006, cuando la falsa “guerra contra el narco” de Felipe Calderón hundió al país en una espiral de violencia de la que apenas se comienza a salir. También es necesario precisar que no todos los reportes pueden ligarse a una desaparición: en 46 mil 742 casos, quien hizo la denuncia no proporcionó datos suficientes para iniciar una búsqueda. En ocasiones, no se consignó siquiera el nombre de la persona presuntamente desaparecida.

Encontrar en un año a más de 10 por ciento de las personas que se han reportado como desaparecidas en dos décadas no sólo muestra que hay voluntad política, sino también que se cuenta con una estrategia y un despliegue de capacidades del Estado para dar con el paradero de los no localizados.

Está claro que el único resultado aceptable es la localización de todos los desaparecidos y la erradicación de esta práctica inhumana, pero también que el camino para lograrlo pasa por la colaboración y la suma de esfuerzos, no por sentar al país en el banquillo de los acusados.

Edición: Ana Ordaz