INE: restaurar la certidumbre

Guadalupe Taddei presentó ayer a la Cámara de Diputados su carta de renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), cargo que ejerció desde abril de 2023. Pese a verse acorralada por señalamientos de irregularidades en la adjudicación de contratos y conflicto de intereses, apenas el sábado la funcionaria manifestó a sus colegas en el Consejo General del organismo que se mantendría en el puesto con el objetivo de proteger a la institución. Sin embargo, su postura se volvió insostenible tras la difusión de audios que exhiben una relación entre ella y José Alfredo Hernández Casillas –socio de compañías proveedoras del INE–, así como la injerencia de ese empresario en decisiones internas del instituto.

Según se sabe hasta ahora, Taddei usó sus facultades para colocar a profesionales relacionados con el proveedor en áreas claves como Recursos Materiales o Finanzas. Destaca el caso de Octavio García, quien fue nombrado director ejecutivo del INE pese a haber sido representante jurídico de Cajas Graff y Corporativo Zeg, ambas vinculadas con Hernández Casillas. En una de las grabaciones filtradas, el empresario da órdenes a García como si todavía fuera su empleado, indicándole cuándo y cómo debían emitir el fallo del contrato para la producción de credenciales de elector. A su vez, García se comunica con el director de Recursos Materiales para que éste reciba instrucciones del empresario.

Cabe precisar que, de acuerdo con contratos difundidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el órgano electoral federal y decenas de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) otorgaron al menos 49 contratos a la red de empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas entre 2018 y el año pasado, por lo que las compras abarcan cinco años de la presidencia de Lorenzo Córdova y tres del periodo de Taddei. En ese lapso, las diversas firmas recibieron mil 450 millones 443 mil pesos para la adquisición de material electoral como urnas, boletas y mamparas. Resulta inverosímil que un empresario se haya comportado de manera intachable durante un lustro y se haya vuelto repentinamente corrupto, por lo que la indagatoria debe extenderse a los contratos otorgados a Hernández desde el inicio de su relación con el INE y los OPLE.

Pero ni estos antecedentes ni la renuncia de Taddei la eximen de las responsabilidades a las que se hizo acreedora al designar a personas claramente inhabilitadas para trabajar en el organismo. Si bien hasta ahora nada indica que obtuviera un beneficio personal de estos nombramientos, existe una falta de criterio cuya gravedad no se puede exagerar en una funcionaria cuyo máximo activo es la confianza de los ciudadanos hacia su labor. Con semejantes acciones, Taddei no sólo se desacreditó a sí misma, sino que golpeó al INE cuando el instituto luchaba para sacudirse definitivamente la sombra de la arbitrariedad, el despotismo, la parcialidad y los señalamientos de corrupción que marcaron la etapa de Córdova Vianello.

Para colmo, el escándalo se produce en el arranque del proceso electoral que deberá culminar con los comicios del domingo 6 de junio de 2027, por lo que el Congreso de la Unión y el Consejo General del organismo habrán de trabajar a contrarreloj a fin de restaurar la certidumbre y garantizar la limpieza de las elecciones. Y esa tarea pasa necesariamente por un esclarecimiento de las posibles responsabilidades de la ahora ex presidenta del INE, del empresario referido y de quienes pasaron de ser empleados de éste a funcionarios del órgano electoral.

Dentro de este desastre institucional, cabe congratularse de la rápida salida de Taddei, pues ello marca una baja tolerancia a la corrupción y los malos manejos dentro de la administración pública federal, situación que contrasta con la indulgencia de que hicieron gala los mayores denunciantes de la ex presidenta consejera ante las irregularidades que se conocieron durante el periodo de su antecesor.

Edición: Estefanía Cardeña