Opinión
La Jornada
28/10/2026 | Ciudad de México
Envuelta en un escándalo de supuestos contratos millonarios asignados irregularmente, Guadalupe Taddei Zavala renunció este lunes al Instituto Nacional Electoral (INE), donde venía desempeñandose como consejera presidenta desde el 4 de abril de 2023. El episodio demanda atención, puesto que ese organismo es el encargado de organizar el proceso electoral que inició en septiembre pasado y culmina el 6 de junio de 2027.
La salida de Taddei ha puesto en la agenda un asunto: las facultades con que cuenta la persona que se encuentre en ese cargo, que fueron con las que contó la hoy ex consejera. El señalamiento es fuerte: los nombramientos y varias decisiones relacionadas con el ejercicio del presupuesto institucional dejaron de ser colegiadas y se concentraron en un individuo. Dicho de otra forma, el entramado legal favorece la tentación de cometer arbitrariedades.
Otros duros señalamientos están ahí: comenzando por el hecho contra el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, sobre las investigaciones y auditorías que debió hacer desde 2023, de las cuales debió reportar las posibles irregularidades en la asignación de contratos de proveeduría, así como los conflictos de interés. Esto no a partir de denuncias, sino como parte de su programa anual de trabajo. Ahora, Carvente deberá comparecer ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
El otro señalamiento clave es que ya no se encuentra la consejera presidenta, pero la estructura que creó permanece intacta. De los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva, donde se concentran las direcciones del primer nivel del INE, 11 tienen vínculos con Taddei Zavala y de ellos una parte llegó por recomendación de José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor de materiales electorales que resultó beneficiado con contratos directos; entre estos últimos se menciona al director de Recursos Materiales, por cuyas manos pasan todos los convenios de proveeduría del Instituto.
También está una acusación grave, que debiera ventilarse en tribunales. Esto por lo que refiere a la consejera Rita Bell López Vences, quien reveló que fue amenazada tras separarse del bloque del Consejo General que ha votado a favor de los proyectos de Taddei Zavala, lo que hizo, según relata, luego de pedir información de los contratos otorgados a Hernández Casillas. López Vences apunta que, por interpósitas personas, recibió amenazas y fue acusada de traidora o de beneficiar a algún partido político. Esto, insistimos, debe hacerse del conocimiento del Ministerio Público y las autoridades judiciales competentes.
Ahora, los restantes consejeros del INE designaron como presidenta provisional a Blanca Yassahara Cruz García, y tocará a la Cámara de Diputados llevar a cabo el proceso para designar a quien ocupará la titularidad del cargo. Debe destacarse que Taddei no llegó por designación del Congreso, ya que se requiere de la mayoría calificada para ello, sino por insaculación. La falta de consenso no es justificación ni puede explicar la permisividad con que presumiblemente actuó la ex consejera.
Se anticipa que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hará varias revisiones exhaustivas para transparentar el ejercicio presupuestal del INE, particularmente en los contratos, compras directas y licitaciones. Sin embargo, la coyuntura es clave: se realizará en medio de la organización de las elecciones, lo que puede desviar la atención de la ciudadanía. Los ejercicios de revisión que se practiquen deben realizarse rápido, pero no por eso con descuido; a todos nos interesa un INE, y por supuesto un Estado mexicano, libre de corrupción.
Es innegable que debe transparentarse el ejercicio presupuestal del INE, como de cualquier ente público, y más que buscarse un recorte, primero debe escucharse cómo se distribuyen sus egresos. Bien podemos llevarnos la sorpresa de que buena parte del dinero termina, más que en gastos injustificables, en prerrogativas de los partidos políticos. Estos también tienen mucho que explicar sobre cómo reparten las grandes sumas que reciben.
Edición: Ana Ordaz
