Agua, el conflicto que viene

En Jalisco, este verano y otoño han estado marcados por las protestas de los habitantes de Guadalajara por la insalubridad del agua que reciben en sus domicilios; es decir, un servicio deficiente por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que ha sido rebasado por la demanda de más de 5 millones de personas instaladas en su zona metropolitana.

Desde marzo se había detectado la coloración turbia del líquido distribuido por el SIAPA, además de mal olor y la presencia de sedimentos. Los contaminantes que contiene han provocado que un buen número de personas presenten dermatitis en diversos grados, males gastrointestinales, y además acusen daños a la ropa e instalaciones hidráulicas domésticas.

El origen de la crisis es multifactorial y lleva años gestándose. Se acusa especialmente el deterioro de la red hidráulica, cuyas tuberías llevan más de 70 años de servicio ininterrumpido. Su desgaste provoca fugas, y los puntos por los que escapa el agua también facilitan la infiltración de microorganismos, el desarrollo de algas, y hasta de fauna como gusanos y algunos insectos. Además, también se han detectado descargas irregulares de aguas residuales provenientes de la industria, agricultura y actividades urbanas, que reingresan desde el lago de Chapala a la Planta Potabilizadora de Miravalle, ya obsoleta, pero desde la que se distribuye el 60 por ciento del agua en Jalisco.

Este miércoles, Lemus acudió a Palacio Nacional donde, durante la conferencia diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el gobierno federal invertirá 14 mil millones de pesos para atender el problema; presupuesto que evitará al gobierno local la contratación de deuda pública para financiar la obra. En cambio, invertirá otros 10 mil 200 millones de pesos en la construcción de los acueductos Chapala -Guadalajara y Calderón -San Gaspar.

Anunciar obras, sin embargo, no responde a la necesidad inmediata de una población que requiere de agua potable simplemente para existir, además de cubrir su higiene básica. El airado reclamo que enfrenta Lemus tiene como fondo la lucha por el derecho al agua como un derecho humano y dejar de considerarla una mercancía, pues también está la exigencia de cese a los intentos de privatización del servicio. Eso sí, una solución duradera debe partir del reconocimiento de que durante décadas se dejó crecer toda la problemática que dio origen a la crisis actual.

Guadalajara no es el único lugar donde la calidad del agua ha entrado a la discusión pública. En Yucatán, el Comité de Solidaridad con Palestina en la entidad realizó una movilización en Mérida, manifestándose contra una posible colaboración con empresas israelíes que firmaron la intención de invertir en equipos e instalaciones para el tratamiento de aguas, misma que expresaron durante la Expo Agro Innovación 2026.

La respuesta del Ejecutivo del estado, a cargo de Joaquín Díaz Mena, ha sido negar la existencia de contratos vigentes con dichas empresas, aunque sí se reconoció que el gobierno pasado sí suscribió una carta de interés con la embajada de Israel, sin que este documento genere obligación o compromiso alguno; ni de cooperación, ni de inversión.

Pero el tema rebasa la protesta. Existen intereses trasnacionales por el agua, ya sea para privatizar su distribución mediante la entrega de concesiones para ello, ya sea por el establecimiento de esquemas de participación privada en la construcción de infraestructura como plantas potabilizadoras, o en la adquisición de tecnología para su tratamiento.

Las cartas de intención no establecen compromisos, es cierto. Pero puestas en un expediente, constituyen un testimonio de lo que quienes encabezan un gobierno entienden el patrimonio natural de las sociedades: como algo a lo que las comunidades y por ende los gobernados tienen derecho, o como un “commodity” susceptible de ser aprovechado por particulares.

Pero mientras no existan consecuencias legales y sanciones económicas contra quienes contaminen las fuentes de agua dulce: lagos, ríos y cenotes, ya sea mediante descargas de residuos, ya sea dirigiendo las aguas negras domésticas al pozo en el mismo predio, el problema no hará más que crecer, y lo que antes solía tener la claridad de un espejo puede terminar con un color sumamente turbio, y despedir olores fétidos.

“Una carta de intención es un documento en el que las dos partes expresan su interés en explorar una colaboración a futuro. Constituye un instrumento de intención política que no es un tratado internacional ni un acuerdo que genere compromisos, es decir, no crea obligaciones ni otorga derechos, no fija inversiones, montos ni contratos y por sí sola no autoriza obras, compras, concesiones ni proyectos”.

Representantes del Comité se reunieron frente a Palacio de Gobierno, desde donde leyeron la respuesta del gobierno estatal a su pliego petitorio, en la que también explica que la participación en la Expo Agro Innovación 2026 fue únicamente como anfitrión y facilitador del espacio y no implicó la firma de acuerdos de inversión ni compromisos institucionales con las empresas.

También aseguró que, tras una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia, se constató que el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán no registra relación contractual ni compromiso comercial vigente con las 10 empresas señaladas por el Comité.

“Se reconoce que dos de las entidades señaladas, Mekorot e Israel Trade and Investment, tienen vínculo directo con el Estado de Israel. Respecto de ambas, la revisión no identificó relación contractual vigente con el Gobierno del Estado.”

Sobre la petición de protección al agua, la respuesta señala que cualquier inversión requiere sus propios procedimientos y autorizaciones legales y la carta de intención no sustituye ninguno.

Para continuar con el diálogo, el Ejecutivo invitó a representantes del Comité a llevar a cabo una mesa de diálogo e información, la cual propuso para el 6 de noviembre al mediodía en las oficinas de la Secretaría General del Gobierno.

Frente a esta respuesta, el Comité de Solidaridad con Palestina anunció que se tomará unos días para analizar el contenido e informar si participará en esta reunión.

Sin embargo, destacó que su posicionamiento es el mismo: no aceptar la entrada de inversión de Israel en el estado.

“No queremos formar parte de esa economía de guerra y muerte, por lo que resulta necesario examinar toda relación comercial inversionista en la península. No dejaremos que quienes perpetúan la escasez y el genocidio palestino tengan acceso y control a nuestra agua, campo y vida. No le permitiremos el paso a nuestro territorio a un Estado ilegítimo que enfrenta un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, declararon representantes.

[email protected]

Edición: Ana Ordaz