La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados advirtió sobre la existencia de un probable “oligopolio” que controla la venta de material electoral en el país y ha generado una “distorsión del mercado”, por lo que planteó una investigación sobre el costo real de los insumos. El titular de dicha Comisión, Javier Herrera Borunda (PVEM), sostuvo ante los medios que “en el material electoral en general –no de ahorita, hablo de más de 20 años–, hay un oligopolio; son muy pocas las empresas que participan. Si vemos cómo está en los OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales), no hay más de cinco empresas que tienen los contratos y eso ha generado una distorsión en el mercado”. Asimismo, expresó su sospecha de que semejante concentración haya dado pie a una inflación estratosférica en los costos, la cual a su vez constituye un incentivo corruptor muy grande.
Los señalamientos del diputado son pertinentes y verosímiles, y si de algo pecan es de tardíos: tal como señaló, la situación tiene décadas de existencia, e incluso es posible que se remonte al siglo pasado. Por ello, los intentos de achacar toda la responsabilidad de la situación a la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei se evidencian como operaciones de golpeteo político y mediático que no buscan la justicia ni garantizar la probidad del organismo, sino tapar las irregularidades del pasado.
Ciertamente, la antigüedad del problema no exime a Taddei de las responsabilidades administrativas o penales en las que haya podido incurrir, pero no debe ignorarse que la descomposición surgió con la reforma electoral promulgada en 1996 por el ex presidente Ernesto Zedillo. Como todo en su administración, dicha reforma tuvo un enfoque mercantilista: quintuplicó las prerrogativas entregadas a los partidos políticos y creó un mercado tan grande como opaco de publicidad electoral. En 1997 recibieron mil millones de pesos para actividades y un monto igual para campañas, equivalentes a más de nueve mil millones actuales. En 2006 el financiamiento ya ascendía a cuatro mil millones de pesos, y se estima que ese año 70 por ciento del presupuesto de las campañas fue a dar a los concesionarios de radio y televisión.
Ésta fue una de las muchas caras de la mal llamada transición a la democracia: el régimen de partido casi único no dio paso a un debate entre proyectos de nación, sino a una competencia de spots y construcción de imagen que está en manos de agencias de marketing, no de los ciudadanos ni de los políticos. De esa reforma también surgieron las empresas que se travisten de partidos para vivir del erario, así como los “profesionales de la democracia”: consejeros y otros altos funcionarios electorales que pasan décadas en los organismos porque los sueldos y las prebendas resultan demasiado jugosos para soltarlos. Se ha generado así un terreno propicio para la malversación, el derroche y el desvío de recursos; en suma, para la corrupción.
Por mucho tiempo, el historial nacional de fraudes, compra y coacción del voto dio razón de ser a la suspicacia institucionalizada. Pero eso no justifica los sueldos principescos de los altos mandos de INE y OPLE, ni la degradación de la democracia en un concurso de imagen conducido por asesores, expertos en manipulación de la opinión pública, granjas de bots, consultores, publicistas –tanto los que ejercen la profesión abiertamente como los que se disfrazan de comunicadores–, influenciadores y otros actores que cobran por suplantar el debate y el intercambio de ideas. En ese mercado operan varios antiguos mandos del organismo electoral, hoy abiertamente opositores, así como opinadores y académicos afines a la concepción de la democracia como un mercado donde distintos “productos” compiten por la preferencia de los “clientes”; son los mismos que han defendido tal esquema (remendado, pero no corregido en 2007 y 2014) con el argumento de que “la democracia es cara”.
Finalmente, hay un claro empeño de usar los señalamientos de última hora de estas distorsiones históricas del sistema electoral, que sin duda deben ser corregidas, para desacreditar de antemano los procesos democráticos del futuro próximo, en los cuales los partidos opositores tienen, de acuerdo con encuestas y sondeos de opinión, muy magras esperanzas de lograr algo más que la mera preservación del registro. Así, se configura un golpeteo no contra la ex presidenta del INE, sino contra la institución en su conjunto, por parte de quienes de antemano se saben condenados a la irrelevancia por el voto popular.
Edición: Ana Ordaz
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