La Cámara de Diputados continúa en el estira y afloja con motivo de la emisión de la convocatoria para elegir a quien deberá ocupar la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para sustituir a Guadalupe Taddei Zavala, cuya gestión debió interrumpirse tras darse a conocer la asignación irregular de contratos para la adquisición de papelería y materiales que se emplean en los comicios; asunto al cual han seguido otras anomalías.
Lo cierto es que la corrupción en el INE no se construyó sola, y tampoco fue cuestión de un día o un par de años. El presupuesto de ese organismo ha sido, desde antes de Taddei, un manjar apetitoso para cualquier proveedor con la capacidad suficiente de arrancarle un buen bocado. Lo particular de este caso es su efecto: hasta el momento van 30 renuncias de personas vinculadas de una u otra manera con la ex consejera presidenta, entre las cuales se cuenta a varias personas que recibían el mote de “sobrinos”, dada su cercanía con la funcionaria.
La dimensión de la podredumbre obliga a una intervención de saneamiento urgente por dos motivos: el proceso electoral en marcha y la desconfianza general que ha generado el origen del escándalo: la modificación a la normatividad del INE para conceder a su presidenta de un muy amplio margen de maniobra y facultades de decisión en materia de nombramientos, haciendo a un lado la colegialidad que por varios años distinguió al instituto.
Hoy, el mayor reclamo es devolver al INE el control colegiado en la designación de los funcionarios al frente de áreas estratégicas y de manejo presupuestal. Aunque esto no quiere decir que antes no hubiera espacio para malas prácticas administrativas o negocios por debajo del agua, paralelos a la asignación de los millonarios contratos que se manejan. Tampoco es sencillo hacer esto: requiere trabajo legislativo y reformar la normativa electoral, algo que constitucionalmente es imposible con el proceso electivo en marcha.
Ahora, Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del INE, ha anunciado la solicitud a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que fiscalice urgentemente las cuentas del órgano, especialmente las compras de 2023 a la fecha. La petición es oportuna, u oportunista, según se vea; porque del Consejo General del INE es apenas hasta ahora que se escuchan algunas voces, cuando tuvieron la oportunidad para denunciar el proceder de Taddei y exigir cuentas al órgano interno de control. Por el contrario, a cada decisión que implicaba hacer crecer la red de “sobrinos” de Taddei Zavala enquistados en el instituto, siguió el silencio.
De proceder rigurosamente, posiblemente nadie conservaría su asiento en la mesa del Consejo General del INE. Existen responsabilidades, tanto por comisión como por omisión. Sin embargo, el momento para hacer una “limpia” y efectuar una renovación durante el proceso electoral no es un riesgo; es un peligro, no porque las elecciones no puedan llevarse a cabo, sino porque sin un árbitro, por más cuestionado que esté, abre las puertas a la posibilidad de una participación descarada del crimen organizado. La gran pregunta es qué quedará del actual INE de aquí al 6 de junio de 2027; y si después de eso no será necesaria otra operación de limpieza y renovación.
Por lo pronto, el Legislativo debe realizar una operación de cabildeo sumamente delicada, si la intención es alcanzar el consenso en la designación de una nueva presidencia del INE. El consenso es lento de construir, pero la confianza lo es todavía mucho más. Eso sí, tampoco es factible prolongar demasiado la aprobación. Políticamente, la operación de saneamiento requerirá mucho trabajo después de las elecciones, y le tocará a una nueva Cámara Baja.
Edición: Ana Ordaz
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