Opinión
La Jornada
05/11/2026 | Ciudad de México
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que los trabajos de inteligencia realizados en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos públicos locales electorales (OPLE) de los estados han confirmado “la comisión de múltiples irregularidades históricas” en los contratos con empresas. A partir de las detectadas en la conducción de Guadalupe Taddei Zavala como ex presidenta del Consejo General del INE, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados emprendió un estudio histórico de las adquisiciones del INE, del desaparecido IFE y de todos los OPLE desde 2000 a 2025, para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos.
Los partidos de oposición han denunciado una “cacería de brujas” y una “decisión política y sin sentido” por las indagatorias a las relaciones de los antiguos dirigentes de la autoridad electoral con sus proveedores, pese a que en los propios documentos del IFE-INE consta que los contratistas acusados de corrupción en el periodo de Taddei son los mismos que han mantenido un oligopolio de proveeduría por décadas. Senadores del PAN, PRI y MC aseguraron que hay una intencionalidad política en investigar irregularidades previas a la elección de Guadalupe Taddei, es decir, cuando todos los consejeros fueron nombrados mediante componendas del cogobierno entre el Revolucionario Institucional y Acción Nacional. En los medios más sesgados incluso se habla de “las empresas del clan Taddei”, aunque sus propietarios sean los mismos que firmaron contratos con el INE de Lorenzo Córdova y el IFE de Leonardo Valdés Zurita y Luis Carlos Ugalde. Para los exponentes del viejo régimen, ir al fondo de las anomalías y las redes de corrupción sólo puede entenderse como una estrategia para diluir la gravedad del caso actual.
La realidad es la contraria: limitarse a condenar a Taddei y sus cercanos significaría usar a la funcionaria caída en desgracia de chivo expiatorio a fin de dejar intactas las estructuras que han enriquecido a empresarios sin escrúpulos, cuyos ingresos son pagados por todos los mexicanos a través de contratos inflados y adquisiciones que ahora se revelan innecesarias. Lamentablemente, la operación para enterrar las indagatorias junto a la carrera de Taddei no proviene sólo de las derechas partidistas y mediáticas, sino también del interior del INE: algunos de los consejeros no han tenido sonrojo alguno en usar el escándalo de trampolín político y como oportunidad de cobrarse rencillas personales, sin ninguna preocupación por la integridad del instituto. La consejera presidenta interina, Blanca Cruz, se ha ocupado más en hacer todo lo que esté en sus manos para rematar política y mediáticamente a su antecesora, que en cuestionar por qué un puñado de compañías gana todas las licitaciones sin importar quién esté al frente del Consejo, la Junta General Ejecutiva, el Órgano Interno de Control, las 32 Juntas Locales Ejecutivas y los demás altos cargos.
Está claro que investigar y establecer responsabilidades a la gestión de Taddei es indispensable, pero debe reconocerse que sería insuficiente para sanear las finanzas y las dinámicas internas de las autoridades electorales, las cuales han hecho de su autonomía un parapeto para la arbitrariedad y la opacidad desde mucho antes de 2023. Pretender que antes de abril de ese año existían organismos impolutos es un engaño descarado y una obstrucción tanto de la justicia como del reclamo ciudadano de acabar con un sistema electoral artificialmente caro y, como ha podido verse, profundamente corrompido.
Edición: Ana Ordaz
