Si partimos de la idea de que la democracia, en un sentido amplio, implica la capacidad y el derecho que tiene el pueblo, de realizar juicios y tomar decisiones sobre asuntos públicos, podríamos comenzar diciendo que nuestras democracias actuales han sido minimizadas a procesos en los que los sujetos actúan como individuos atomizados -voto- y en momentos muy específicos -las elecciones-, los cuales corresponden a la “democracia representativa”.
Afortunadamente, en las últimas décadas se ha buscado resaltar en muchos países el potencial de la “democracia directa”, es decir, aquella participación no electoral que va más allá del solo hecho de asistir a votar en tiempos electorales, haciendo uso de diferentes mecanismos que pueden fortalecer la vida democrática de un territorio.
Como indicaba el Dr. Joaquín García Hernández -especialista en ciencia política- en una conferencia impartida a estudiantes de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la ENES Mérida-UNAM, las personas no encuentran en la participación electoral la satisfacción total de sus demandas, por lo que buscan generar acciones que influyan de manera más directa en los asuntos de interés público y colectivo.
En dicha plática, el académico planteaba que algunos de los mecanismos de democracia directa más conocidos a nivel global y también en México, son los plebiscitos, el referéndum, las iniciativas populares y la revocación de mandato. Aunque algunos de ellos se institucionalizaron incluso desde la Antigua Roma -como el plebiscito-, en México se formalizaron hace 12 años a través de reformas en la Constitución Política y posteriormente, en las entidades federativas. A nivel regional, sobresale el caso de la Ciudad de México, que cuenta con 6 mecanismos de participación y un total de 20 instrumentos establecidos por ley.
Algunos de estos mecanismos permiten que la ciudadanía sea quien tome la iniciativa en las propuestas vinculadas a políticas públicas -iniciativas populares- o que el Estado sea quien se encargue de consultar a ciertos grupos de atención prioritaria, para que éstos opinen y den su consentimiento sobre las iniciativas, propuestas de planes y proyectos de políticas públicas -consultas a grupos de atención prioritaria-. Sin embargo, varios procesos adelantados en el país -como la revocatoria de mandato- muestran una baja participación social.
En Yucatán, solo se reconocen actualmente tres mecanismos: Plebiscito, Referéndum e Iniciativa popular, todos ellos regidos por la Ley de Participación Ciudadana. Sin embargo, se han aprovechado poco. Por ejemplo, no se ha realizado ningún referéndum y el plebiscito solo se ha implementado en tres ocasiones, en el ámbito municipal: Acanceh (2011), San Felipe (2013) y Chapab (2014). Es innegable que estos mecanismos materializan la escasa cultura participativa de la población o, bien, la distancia/desconfianza de la ciudadanía respecto a sus autoridades, perdiendo oportunidades para ejercer un derecho legítimo.
Por ello se hace necesario primero, participar activamente cuando se ponen en operación estos instrumentos; segundo, accionar como ciudadanos el uso de estos recursos, por ejemplo, presentando iniciativas populares ante el congreso estatal o los ayuntamientos para modificar las leyes; y tercero, diversificando los mecanismos existentes.
A propósito de este último punto, en Valladolid, el Consejo Comunitario de Dzitnup presentó el pasado mes de octubre ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) una solicitud formal de autogobierno indígena -la primera en Yucatán-, para que éstos puedan realizar la elección de sus autoridades comunitarias al margen de los votos individualizados y enmarcados en partidos políticos con los que no se identifican.
En este contexto, es pertinente reconocer que la democracia también debe asumirse desde la esfera social y comunitaria y no solo desde la político-electoral. Además, hay que resignificarla para comprender que la participación directa también tiene rostro étnico y que puede fungir como una forma genuina en que conjuntos poblacionales tomen las riendas de sus asuntos públicos en el marco del respeto a los derechos humanos.
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