Con 242 votos a favor, 178 en contra y siete abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en lo general, el dictamen para desaparecer 109 fideicomisos, por medio de los cuales el gobierno federal ha entregado recursos a diversos organismos y programas.
Al cierre de esta edición, los legisladores discutían las 398 reservas presentadas a puntos particulares de la reforma que extingue estos instrumentos.
Como ha puntualizado en diversas oportunidades el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, la desaparición de los fideicomisos no supone que la Federación deje de financiar las actividades que se realizan con estos fondos, pues los recursos se asignarán a través de partidas presupuestales, como ocurre con la mayor parte del dinero público.
En cambio, la medida busca acabar con la discrecionalidad con que comités e instancias de administración de dichos instrumentos disponen y reparten los recursos.
El funcionario también ha señalado que la reforma permitirá reducir el subejercicio y agilizar la entrega de recursos, pues éstos pasarán de manera directa de la tesorería a los beneficiarios, sin la intermediación de los fideicomisos y sus administradores.
El hecho es que muchas actividades financiadas hasta ahora mediante fideicomisos resultan esenciales para el funcionamiento del país; como es obvio el caso del Fondo Nacional de Desastres (Fonden); el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; el Sistema Nacional de Investigadores; el Sistema Nacional de Creadores, entre otros.
Sin embargo, resulta de igual forma innegable que la opacidad intrínseca a la figura legal del fideicomiso ha dado lugar a corruptelas y se ha erigido en un obstáculo para la rendición de cuentas.
Es en dicha turbiedad y en los fuertes intereses urdidos en torno de ella que debe ubicarse el origen de la encarnizada resistencia contra el fin de estos instrumentos, pues con su extinción los administradores no sólo perderán el poder que han amasado al controlar importantes sumas de recursos públicos, sino que además podrían quedar expuestas prácticas discrecionales y hasta ilícitas.
La energía con que se han defendido el control de algunos de estos fondos se vuelve sospechosa de manera inevitable, e invita a investigar qué se busca ocultar y qué privilegios se pretende conservar a toda costa.
Tales resistencias, magnificadas en medios informativos y redes sociales, han llevado a que sectores de la opinión pública vean en la extinción de los fideicomisos creados por las administraciones anteriores una ofensiva contra la cultura, la ciencia, el deporte, la salud y hasta la protección civil, lo cual constituye una falacia en tanto, como ya se explicó, ninguno de los recursos dejará de entregarse a sus beneficiarios.
Edición: Ana Ordaz
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