Infodemia: regulación difícil

En comunicados separados, Facebook y Twitter afirmaron ayer que han desmantelado más de una docena de “redes de desinformación usadas por grupos políticos y apoyados por estados para engañar a los usuarios en las plataformas de redes sociales en múltiples países”. De acuerdo con las compañías, fueron identificadas y suspendidas más de mil cuentas que usaban identidades falsas y otros comportamientos engañosos para propagar fake news.

Los dos gigantes de las redes sociales se han visto presionados para adoptar medidas a fin de evitar la repetición del escándalo que supuso la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadunidenses, cuando cuentas controladas desde ese país habrían diseminado noticias falsas con el propósito de favorecer al hoy habitante de la Casa Blanca, Donald Trump. La ola de manifestaciones en contra de la discriminación sistemática que padecen las personas de raza negra ha redoblado el clamor de que ambas empresas impidan que se diseminen mensajes de odio –en especial los de tipo racista, machista, xenófobo u homofóbico– por medio de ellas. Ejemplo de la fuerza que ha cobrado el reclamo para que la libertad de expresión deje de usarse como parapeto para exacerbar fobias es la eliminación en junio pasado, en Facebook, de cerca de 900 cuentas ligadas a grupos neofascistas y supremacistas, entre los que se cuentan los Proud Boys (Chicos Orgullosos), a los cuales Trump arengó durante el debate del 29 de septiembre.

El desmantelamiento de las redes de desinformación es saludable en tanto ayudará a evitar que actores maliciosos difundan información distorsionada o totalmente falsa, pero el anuncio debe tomarse con cautela, toda vez que estas acciones se aplican de la mano con las fuerzas del orden estadunidense y pueden estar guiadas por agendas políticas tan sesgadas como aquellas a las que combaten.

La responsabilidad de estas empresas es todavía mayor en México, donde no existe marco legal ni intención política de perseguir la propagación de falsedades. En este contexto, Facebook –dueña también de Instagram y del servicio de mensajería WhatsApp– y Twitter tienen el deber ético de robustecer los mecanismos de denuncia de conductas inapropiadas y de actuar en consecuencia. Lo anterior, siempre en el entendido de que debe guardarse el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la integridad física y emocional, no sólo de los usuarios de estas redes, sino del conjunto de la sociedad. Por ello, aunque cualquier falsificación resulte condenable, únicamente debería procederse cuando ponga en peligro la seguridad, como es el caso obvio de aquellos bulos en torno a temas de protección civil, seguridad nacional o salud pública.

Mientras estas y otras compañías de redes sociales emprenden acciones contra la grave infodemia que se vive en México, cabe plantear la pertinencia de legislar en torno a la propagación de bulos tan dañinos como los relacionados con presuntas curas para el COVID-19, los cuales sabotean los esfuerzos por reducir el impacto de la pandemia y pueden afectar de forma severa la salud de quienes son víctimas del engaño.

Edición: Ana Ordaz