El acceso a las playas públicas

En México, las playas son propiedad federal; siempre ha sido así, y en ese sentido, deberían de ser para uso y disfrute de todas las personas. La realidad se ha encargado de que el derecho a disfrutar de los arenales no pueda ser ejercido debido a que, en la mayor parte de las zonas turísticas, hoteleros y desarrolladores se han encargado de impedir el paso a cualquier persona ajena a sus empresas. En la práctica, no se puede acceder a ellas más que por privados y a través de cuotas.

El 21 de octubre del 2020, fue publicado el decreto presidencial que garantiza el libre acceso y tránsito a las playas públicas de todo el país; establecen sanciones a quienes restrinjan el paso, y multas que superan el millón de pesos. Este decreto viene a proteger el derecho de las personas a disfrutar del bien nacional.

México es un país con una inmensa extensión de playas: entre golfos y penínsulas, se cuentan con más de 11 mil kilómetros de zona costera. Tenemos una extensa colindancia hacia el Océano Pacífico, dos frentes encontrados hacia el tranquilo Mar de Cortés, del otro lado una herradura de miles de kilómetros hacia el Océano Atlántico, específicamente colindante al Golfo de México y en la esquina sur-este del territorio, la joya de la corona: 500 kilómetros de playa hacia el Mar Caribe.

Gracias a este extenso y diverso territorio costero, México se ha convertido en una potencia turística. Desde los Cabos hasta Cancún, pasando por Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Ixtapa y Huatulco, la costa mexicana es un patrimonio de incomparable valor turístico.

Durante el último medio siglo, gran parte de la inversión extranjera ha estado enfocada en desarrollos turísticos, y para que fuera más atractiva para los inversionistas, se permitió la venta del concepto “playas privadas”, que nunca debió existir, pues no era permitido por la ley.

El ejemplo más sofisticado y deplorable es el ocurrido en la Riviera Maya, donde se le ha negado el acceso a la población nacional a la mayoría de las playas. Desde Cancún hasta Puerto Morelos, separados por 20 kilómetros de distancia, no existe ni una sola ventana al mar que sea pública. De Puerto Morelos a Playa del Carmen, sólo hay un acceso. De Playa del Carmen hasta Tulum, hay dos playas públicas. Es indignante para el mexicano saber que los pasos a la playa son restringidos y, en la mayoría de los casos, condicionado a un consumo.

Con el decreto presidencial, todo esto debe cambiar. A mi entender, de ahora en adelante, los grandes resorts o residenciales que en su planeación no hayan dejado un paso público, ahora tendrán que hacerlo, si no se atendrán a multas realmente significativas; de persistir en su negativa, el decreto indica que les revocarán cualquier permiso o concesión.

Como siempre, habrá grupos de poder interesados en mantener la privacidad de sus playas; seguramente intentarán, a través de sus abogados, echar abajo la intención del decreto y seguir operando por encima de la ley. Por el bien de la nación y el derecho de las personas, esperemos que los inversionistas comiencen a habilitar los pasos requeridos donde sean necesarios, en demasiadas ocasiones las familias mexicanas han sido humilladas al negárseles el derecho de disfrutar de sus playas. Esta vez no habrá marcha para atrás, los ciudadanos tenemos que hacer valer nuestros derechos y cualquiera que los esté obstruyendo tendrá que modificar sus planes y aceptar que las personas tienen el derecho al libre paso hacia las playas mexicanas. 

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Edición: Laura Espejo