El amago fiscal aliancista

Fernando Calzada Falcón

Los gobernadores de los estados de la república que conforman la llamada Alianza Federalista han amagado casi desde el nacimiento de su agrupación con romper el calificado por ellos como “pacto fiscal” y, a veces, en un exceso del lenguaje, aún más, romper el pacto federal. Los afanes secesionistas, al parecer, tienen mucho de farol e incluso, algunos de ellos con ganas de mostrar que va en serio, tensan la cuerda un poco más y anuncian que llevarán a cabo una consulta.

Lo anterior, por otra parte, ha motivado la respuesta y posicionamiento de otros gobernadores y de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, integrantes ellos de Morena, para quienes los dichos y posturas de los miembros de la Alianza (que ya habían abandonado la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago) obedecen a una lógica electoral con miras al 2021, ya que dada la “dificultad electoral” que enfrentan, asumen una “desesperada acción por llamar la atención”. Los morenistas terminan haciéndole un llamado a los aliancistas “a serenarse". "La lucha electoral debe manifestarse en su dimensión y en su momento”.

En apariencia, el nudo del conflicto son los recursos, más exactamente las participaciones en ingresos federales (aunque cabe cuestionarse si estarían en la misma postura con el mismo “pacto fiscal” pero otro gobierno federal). Más allá de habladas descarto para el propósito de esta nota que quieran o se planteen el abandono del pacto federal. Sin embargo, no queda claro cuál es en sí el planteamiento con el que amenazan: ¿quieren abandonar el pacto fiscal, entendiendo por éste el actual sistema de coordinación fiscal, prácticamente creado para entrar en vigor en 1980 junto con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se evitara desde entonces la doble y en algún caso hasta triple tributación, o bien están en desacuerdo con la fórmula actual de distribución del Fondo General de Participaciones (FGP) modificada en 2007 y puesta en marcha a partir de 2008 que ha significado un detrimento para más de la mitad de las entidades federativas, o acaso quieren un porcentaje mayor de recursos que se destine al FGP?

En las intervenciones públicas que los gobernadores aliancistas han tenido no quedan claras cuáles son sus inconformidades. Veamos, si su problema es que ya no quieren estar dentro del Sistema de Coordinación Fiscal, la ley de la materia y el Convenio de Adhesión a dicho sistema señalan los mecanismos para proceder a descoordinarse. No sería una buena noticia para nadie, pero mucho menos para los productores y consumidores de esas entidades que quedarían expuestos a pagar impuestos federales y estatales por un mismo acto económico.

Ahora, pensemos que su desacuerdo es con la actual fórmula de distribución de participaciones, pues entonces que planteen una propuesta distinta y presenten la iniciativa a través de sus diputados o senadores cercanos para la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal. Obviamente, ahí tendrían que contar con una mayoría en ambas cámaras, mayoría que no se ve sencillo la puedan alcanzar.

Finalmente, si el disgusto es porque el 20 por ciento de la recaudación participable les parece insuficiente para integrar el FGP, entonces, al igual que se mencionó en el párrafo anterior, tendrían que presentar iniciativa de ley en ambas cámaras.

Si abandonan el Sistema de Coordinación Fiscal, ciertamente habría costos para el gobierno federal, pero también para los agentes económicos de esos estados. ¿Puede tener mayores ingresos tributarios un gobierno estatal descoordinado? Sí, puede ser, pero nunca en el corto plazo (es decir, en los próximos cuatro o cinco años) porque tendrían que diseñar, poner en marcha, construir y generar infraestructura física y tecnológica, capacitar un recurso humano calificado hoy escaso, expedir leyes tributarias con un proceso legislativo no expedito y esperar a que no se desate una lluvia de amparos, etcétera, que no lo hacen atractivo para quienes ya están a mediados de su mandato o cercanos a concluirlo.

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Edición: Ana Ordaz