Aunque el sistema institucional de Estados Unidos carece de un mecanismo para declarar de manera formal electo al triunfador de unos comicios presidenciales, es ya indiscutible que el demócrata Joe Biden ganó los del pasado martes en forma contundente, al cosechar tanto la mayoría del llamado “voto popular” –es decir, el sufragio ciudadano a secas– como un número de integrantes del Colegio Electoral sustancialmente mayor al que requiere para que esa instancia lo presente ante el Congreso como mandatario y el Legislativo lo ratifique como tal. Así el derrotado Donald Trump porfíe en emprender querellas legales para impugnar el resultado de los comicios, si no es capaz de presentar pruebas de su acusación de “fraude” –algo que hasta ahora no ha podido hacer– se verá obligado a dejar la Casa Blanca en enero próximo.
Los señalamientos del aún presidente acerca de supuestas irregularidades comiciales en favor de su rival demócrata, formulados desde semanas antes de los comicios y reiterados después de ellos, no han ido hasta ahora acompañados de prueba alguna y es improbable que los órganos judiciales encargados de evaluarlos encuentren en esas quejas un motivo para anular el triunfo de Biden. Independientemente de que se encontraran algunas adulteraciones la explicación más simple al alto número de sufragios logrados por éste se encuentra en el profundo y generalizado descontento que el propio Trump sembró en los ciudadanos estadunidenses con sus políticas autoritarias e insensibles, su falta de rumbo claro, su racismo, su xenofobia y su misoginia a flor de piel, su inescrupulosa conducta personal y su irresponsable y errática reacción ante la pandemia de COVID-19, la cual mantiene a Estados Unidos a la cabeza de la crisis sanitaria en el mundo.
En esas circunstancias, un voto social masivo se aglutinó en torno a la fórmula del Partido Demócrata, no porque su plataforma electoral generara consenso, sino por la urgencia de poner fin a una presidencia tan peligrosa para Estados Unidos como la del millonario republicano.
Fue, en suma, un sufragio de frente amplio para impedir que el mandatario ultraderechista permaneciera cuatro años más en la Casa Blanca en el que confluyeron, además del tradicional voto liberal de la clase media blanca, el de las mujeres, los negros, los latinoamericanos –en extremos agraviados y perseguidos por el gobierno saliente– y las minorías de género, entre otros sectores.
Lo sucedido el 3 de noviembre recuerda de manera inevitable algunos hechos en otras latitudes, como la elección de mayo de 2017 en Francia, en la que todo el espectro político democrático optó por el actual presidente Emmanuel Macron para evitar que llegara al Palacio del Elíseo la ultraderechista y racista Marine Le Pen, del Frente Nacional. Cierto es que las opciones políticas no son un contraste de blanco y negro en ningún país del mundo, y tampoco lo son en Estados Unidos, donde los matices entre demócratas y republicanos suelen ser tenues y a veces inexistentes.
Un caso claro es el de la política exterior, en la que las dos alas de la clase política mantienen un férreo consenso colonialista. Pero hasta esa política de Estado fue dinamitada por Trump, quien se dedicó durante casi cuatro años a pelear con sus aliados internacionales, en una expresión del aislacionismo que no se había visto desde los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial.
Las peculiaridades y ambigüedades de la institucionalidad política estadunidense ponen a la superpotencia en una situación inédita: la de un presidente en funciones que no acepta su derrota de cara a la relección, lo que ha abierto un periodo de indefinición legal que no va a subsanarse sino hasta que Trump deponga su actitud de franca negación de la realidad o hasta que el Colegio Electoral y el Congreso declaren presidente a Biden.
En tales circunstancias es adecuada la prudencia del gobierno mexicano de mantener una política de no intervención en los conflictos internos de otras naciones, preservar su tradición de reconocer estados, no gobiernos particulares, y de esperar a que el diferendo electoral en el país vecino llegue a una solución final.
Edición: Ana Ordaz
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