Sara E. Sanz Reyes, Maritza Yeh Chan, Paola Villafana
El objetivo del espacio de observación Violencia Basada en Género (VBG) del Observatorio de Gobernanza y Coordinación Social ante el COVID (ORGA) es analizar las condicionantes que intervienen en el ejercicio de acciones de gobernanza relacionadas con la adaptación de los servicios de atención a la VBG en Yucatán durante el periodo decretado como pandemia.
La violencia de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. En las entrevistas realizadas para ORGA, las coordinadoras de cada casa nos explicaron que el reto enfrentado durante la pandemia ha sido la limitación de sus actividades, dado que la población indígena está acostumbrada al acompañamiento presencial y no siempre tiene la oportunidad de contar con un teléfono inteligente y conexión a internet.
También, desde principios del 2020 los servicios jurídicos y sicológicos se encuentran limitados porque se ofrecían con personal enviado por el gobierno estatal, a través de convenios de colaboración. Sin embargo, al transformarse de Instituto a Secretaría, no hay acceso al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, el cual financiaba la contratación de abogadas y sicólogas.
Hay limitaciones para el acompañamiento profesional en la lengua materna de las mujeres víctimas de violencia. En ocasiones, han tenido que recurrir a personal de intendencia de los juzgados para lograr la traducción al maya, mientras se solicita un intérprete certificado.
Es evidente que lo numeroso de la población indígena se contrapone con las posibilidades de acceso a la justicia. Cierto que un buen número de mujeres indígenas son bilingües o que pueden recurrir a familiares que les traduzcan, pero ¿quién no quisiera que en momentos de temor, angustia y miedo le permitan expresarse y ser orientada en su lengua materna?
*Colaboradoras del Observatorio de Gobernanza y Coordinación Social ante el COVID-19, proyecto coordinado por la ENES Unidad Mérida UNAM.
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Edición: Elsa Torres
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