La Conferencia del Episcopado Mexicano difundió un comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el cual ésta condena y expresa su preocupación por la agresión perpetrada contra un grupo que el miércoles 18 entregaba ayuda humanitaria en la comunidad de Cotzilnam, municipio de Aldama. El ataque –efectuado con armas de alto calibre, por lo que la Diócesis calificó como “civiles armados de corte paramilitar”– causó heridas a la monja dominica María Isabel Hernández Rea, quien colaboraba en el reparto de alimentos a los desplazados por la violencia armada.
Como remarcó el Obispado de San Cristóbal, y La Jornada ha documentado de manera puntual, el ataque referido es sólo uno de los más recientes episodios del acoso sistemático que grupos paramilitares de Santa Martha, Chenalhó, mantienen contra indígenas tzotziles del vecino Aldama. Esta violencia, que se ha recrudecido de forma acusada en el último año, ya dejó 26 muertos, un número mayor de heridos y 2 mil 36 desplazados forzados internos en un municipio de apenas 5 mil habitantes.
Además de la gravedad del hecho mismo, lo ocurrido el miércoles resulta alarmante en tanto muestra la total desinhibición con que operan los grupos paramilitares de Chenalhó, los cuales no muestran ninguna contención para actuar en presencia de testigos, así se trate de organizaciones de alcance mundial o de autoridades de los tres niveles del gobierno mexicano. En este sentido, cabe recordar que la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y de Desplazados ya ha denunciado disparos provenientes de Santa Martha incluso mientras observadores oficiales se encontraban en el sitio, sin que éstos tomaran acción para frenar las agresiones.
Este descaro en el uso de la fuerza, con repetidos actos de extrema violencia, resulta inexplicable sin el manto de impunidad que hasta ahora ha protegido a los paramilitares. La misma Diócesis denuncia que se encuentra en curso una crisis alimentaria y de servicios básicos entre los desplazados, pese a las constantes denuncias que ha presentado a las autoridades federales y estatales.
No queda sino hacer eco al llamado de que “se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables, intelectuales y materiales, de este ataque y de los que han tenido que padecer los pueblos de esta zona”. Está claro que, en tanto no se desarme y desarticule a estos grupos paramilitares, gravitará sobre la región la amenaza de que se repita un episodio tan trágico como la masacre que tuvo lugar en Acteal el 22 de diciembre de 1997.
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