El aumento de los contagios de COVID-19 es imparable. La semana pasada se registró una cifra histórica: 12 mil 127 en un día, y el número de muertes se elevó a 109 mil 717, según el dato más recientes, dado a conocer ayer por Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).
En las últimas dos semanas, las entidades con riesgo alto de transmisión pasaron de 14 a 24, con 10 de ellas “muy cercanas a transitar al semáforo rojo”, según informó el sábado Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Secretaría de Salud.
Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de esa dependencia, pidió a la sociedad “mayor cautela para cuidar que no aumenten los contagios a una velocidad excesiva”, mientras Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, exhortó a la población a mantenerse en casa y evitar los espacios públicos. Enfatizó además que “no es momento de hacer fiestas, reuniones, peregrinaciones o posadas”.
En tanto, en los hospitales públicos la demanda de camas para enfermos de COVID-19 ha tenido un incremento sustancial en la Ciudad de México, Guanajuato, estado de México, Nuevo León, Querétaro, Durango, Coahuila, Aguascalientes, Sonora e Hidalgo.
A pesar de la copiosa información sobre la alarmante intensificación de los contagios en México y en otras naciones, importantes sectores de la población han retomado sus actividades previas a la pandemia, como si ésta nunca hubiera ocurrido, o como si hubiera sido ya superada; y en distintos espacios públicos es posible constatar aglomeraciones que implican graves riesgos para quienes participan en ellas.
En estas circunstancias, algunas autoridades estatales y municipales han adoptado disposiciones coercitivas, como obligar a la población a usar los cubrebocas y observar otras medidas de prevención, en tanto, el gobierno federal reiteró su decisión de anteponer el respeto a las libertades y limitarse a exhortar a la sociedad a reforzar la sana distancia y evitar salir de las viviendas a menos que sea realmente indispensable.
Cierto es que la reactivación de la vida pública, social y laboral en condiciones de rebrote pandémico no es una mera muestra de irresponsabilidad ni una simple expresión de hartazgo por el prolongado confinamiento sino, en un buen número de casos, un imperativo de subsistencia individual y colectiva después de meses en los que las actividades económicas han sido constreñidas de manera drástica, lo que se tradujo en desempleo, precariedad y empobrecimiento para millones de personas y en el cierre de muchos miles de pequeñas empresas.
En contraste, resulta injustificable el empecinamiento de algunos en apegarse a las costumbres decembrinas tradicionales como si el país y el mundo no se encontraran aún en una emergencia sanitaria.
Por elemental sensatez, las peregrinaciones, las posadas, los brindis y los festejos navideños y de Año Nuevo deben ser suspendidos por esta vez, y ninguna política coercitiva podrá conseguirlo si la población no cobra conciencia del grave peligro que implican tales actividades. Hoy, la posibilidad de reducir el ritmo de los contagios, evitar la saturación hospitalaria y minimizar el número de nuevos fallecimientos depende, en primera instancia, de la sociedad y de sus integrantes.
Edición: Ana Ordaz
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