Los huracanes Eta e Iota, que azotaron varios países de Centroamérica y partes del territorio mexicano en semanas recientes, dejaron a su paso un grave saldo de destrucción, especialmente en las zonas más deprimidas y marginadas de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Se calcula que en las naciones mencionadas los fenómenos climáticos provocaron el desplazamiento de alrededor de 500 mil personas, las cuales perdieron sus viviendas, sus sembradíos e incluso sus tierras.
A esos damnificados se suman los que en el curso de este año han perdido sus medios de subsistencia, debido a la brutal contracción económica local que generaron la medidas de mitigación de los contagios de COVID-19 y por la caída de la economía mundial en su conjunto. En esas circunstancias desesperadas, miles de personas se aprestan a unirse a grupos de migrantes que pretenderán alcanzar el territorio estadunidense en busca de trabajo.
En Honduras, uno de esos grupos se prepara para partir hacia el norte con el significativo nombre de “Caravana del damnificado”; en Tenosique, Tabasco, localidad próxima a la frontera sur de México “están llegando cada día unas 20 personas” procedentes de Honduras y Guatemala, informó Gabriel Romero, director de un albergue para migrantes.
Resulta inevitable, pues, considerar que en las próximas semanas el flujo migratorio que llega a nuestro territorio procedente de Centroamérica tenderá a incrementarse, lo que hace prudente y necesario plantearse los escenarios a los que deberán hacer frente el gobierno y la sociedad de México.
Por principio de cuentas, es claro que si la perspectiva mencionada se concreta –y es muy probable que así sea–, las autoridades migratorias deberán adoptar las medidas pertinentes para darse abasto, tanto en el manejo administrativo como en la atención humanitaria, el cuidado de la seguridad y la integridad de una nueva oleada de refugiados en condiciones doblemente adversas: con la observancia de las precauciones sanitarias que impone la persistencia de la pandemia del coronavirus y, por el otro, en una economía devastada y contraída.
La sociedad, por su parte, deberá redoblar su espíritu fraterno para ayudar, en lo que esté a su alcance, a personas que lo han perdido todo, salvo la voluntad de salir adelante.
Por otra parte, no debe perderse de vista que el previsible incremento de la migración en tránsito ocurrirá en momentos en que la situación política estadunidense es particularmente compleja, a consecuencia de la accidentada y áspera transición entre la administración saliente del republicano Donald Trump y la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden.
Una de las diferencias más marcadas en la enconada disputa sostenida por ambas figuras políticas ha sido su manera de abordar el asunto migratorio: mientras el primero mantuvo a lo largo de la campaña presidencial su brutal tono despectivo y calumnioso hacia los extranjeros que llegan a Estados Unidos en busca de trabajo, el segundo fue pródigo en promesas de una política menos represiva y persecutoria hacia los migrantes.
Tal situación añade un factor de incertidumbre sobre la manera en la que las autoridades estadunidenses habrán de abordar la llegada de damnificados centroamericanos a su frontera sur.
Edición: Ana Ordaz
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