El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó ayer modificaciones legales que otorgan inmunidad vitalicia a los ex mandatarios del país y a sus familiares más cercanos, además de complicar, hasta volver en la práctica imposible, el retiro del fuero al Ejecutivo en funciones.
Por ahora, el impedimento para procesar a quien haya encabezado el Kremlin por cualquier delito cometido antes, durante o después de ocupar la Presidencia beneficia únicamente a Dimitri Medvedev, quien fue jefe de gabinete, viceprimer ministro y primer ministro de Putin, y quien actualmente ocupa la vicepresidencia del Consejo de Seguridad.
La nueva norma llega pocos meses después de que el mandatario lograra la aprobación parlamentaria y la posterior entrada en vigor de una amplia serie de enmiendas a la Constitución de 1993, cuyas disposiciones más polémicas fueron las que eliminaron los candados legales que le impedían buscar la relección en 2024. Con el nuevo texto, legitimado mediante una votación popular no vinculante, el ex agente de los servicios secretos soviéticos puede mantenerse en el cargo hasta 2036, lo que significaría 36 años ininterrumpidos al mando de la nación más extensa del mundo –32 de ellos como presidente y cuatro, de 2008 a 2012, como primer ministro de Medvedev.
La relección virtualmente indefinida, así como otras medidas que restringen severamente a la oposición y conceden a Putin un papel casi incontestable como árbitro de los destinos rusos, podrían verse como singularidades del sistema político de esta Federación, que al resto de los Estados no queda sino respetar en el marco de la soberanía y la autodeterminación de las naciones.
Sin embargo, lo promulgado ayer parece, a todas luces, una desmesura del poder con un componente de indecencia: al validar enmiendas legales que lo benefician de manera personal, el presidente ruso pierde la posible justificación de actuar en nombre de una visión política, cuestionable pero dentro de sus potestades, y entra de lleno en el uso del cargo para la consecución de fines individuales.
Dicha anomalía amenaza con la inminente conversión de las inmunidades en impunidades vitalicias. De manera incluso más preocupante, el hecho de que estos fueros se extiendan a los parientes cercanos de los beneficiados, genera el riesgo del surgimiento de una mafia familiar que se enquiste en el poder más allá del término de la vida de su miembro fundador.
Todo lo anterior ocurre en circunstancias en las que la comunidad internacional avanza –con tropiezos e imperfecciones– en la búsqueda de un mayor control y fiscalización del poder público, y en este sentido constituye un enorme retroceso para el pueblo y las instituciones rusas.
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