Vacunación: prueba de fuego

El anuncio de la integración de 10 mil brigadas, con un total de 120 mil personas, para llevar adelante el plan nacional de vacunación del gobierno federal contra el COVID-19, puso de nuevo sobre la mesa los enormes desafíos logísticos, económicos, sanitarios, comunicativos y administrativos que supone la inmunización frente al coronavirus. Se trata nada menos que de aplicar un fármaco a más de 100 millones de personas en el lapso de un año, y resulta evidente que un esfuerzo de esa magnitud estará salpicado de complicaciones imprevisibles, las cuales habrán de resolverse sobre la marcha.

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Otros retos se encuentran previstos, aunque ello no implica que se vean libres de accidentes: por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya destacó ayer que el arribo de las brigadas a las comunidades será precedido por campañas informativas, a fin de preparar a la población y despejar las posibles dudas. La dificultad de llevar la vacuna de Pfizer-BioNTech a las zonas más apartadas del país se salvará mediante el biológico del consorcio chino-canadiense CanSino, el cual no requiere de la refrigeración a menos 70 grados que sí precisa la primera.

Como ya se ha señalado en este espacio, el proceso de vacunación que se realiza en México y en otros países, tanto entre las naciones ricas como en las llamadas “en vías de desarrollo”, no tiene precedente por su alcance, por la celeridad con que ha debido ponerse en marcha y por lo que está en juego con su éxito: cientos de miles e incluso millones de vidas humanas, pero también la posibilidad de retomar niveles razonables de normalidad en las actividades cotidianas y levantar la economía de su mayor crisis en un siglo. A ello debe añadirse la credibilidad de las instituciones y, por consiguiente, la confianza de los ciudadanos en las autoridades y en el mismo entramado democrático.

Esa excepcional importancia exige absoluta pulcritud en el manejo de las vacunas, a fin de garantizar que éstas lleguen a la población en el orden establecido y evitar que cobren sustancia los señalamientos de uso discrecional por supuestos fines electorales o que proliferen alteraciones en las listas de vacunación para favorecer a funcionarios del sector salud y sus allegados. Cabe esperar que sean definitivamente erradicadas las faltas éticas cometidas por algunos directivos de nosocomios, así como los intentos de “saltarse” la fila, como el protagonizado por un grupo del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, y que el grueso de los servidores públicos se comporte con apego al civismo y la legalidad, como parece ocurrir hasta ahora.

Si el proceso de vacunación constituye un desafío mayúsculo para las autoridades, no es menos lo que demanda de la sociedad. El primer deber y la primera necesidad de los ciudadanos consiste en informarse, lo cual implica mantenerse actualizados acerca de los avances en la inmunización, pero además afinar su capacidad para discernir los datos sustentados en hechos del ruido mediático generado sin más propósitos que el sensacionalismo y el golpeteo político.

Lo anterior comprende un llamado especial a los ciudadanos que por uno u otro motivo se oponen a la vacunación, quienes deben hacer un esfuerzo de empatía y racionalidad para dejar atrás sus supersticiones y su adhesión a teorías conspiratorias, pues en contextos como el actual las consecuencias de esas ideas rebasan el ámbito de las preferencias individuales y se convierten en un auténtico peligro para el conjunto de la sociedad.

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Edición: Ana Ordaz