Decisiones de la SCJN

Carlos Luis Escoffié Duarte
Ilustración Arbee Farid Antonio Chi
La Jornada Maya

10 de noviembre, 2015

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adoptó dos decisiones históricas: la inconstitucionalidad de la prohibición del uso de la [i]cannabis[/i] con fines recreativos y la suspensión de los permisos otorgados a la empresa Monsanto para el cultivo de soya transgénica en Yucatán y Campeche. Quisiera presentar algunas aristas en ambos casos, las cuales, en mi opinión y hasta donde sé, no han adquirido la atención que merecen. Como siempre, las ganas se ven derrotadas por el espacio, así que trataré de ser conciso.

Es de celebrarse la suspensión a la siembra de soya transgénica y la orden de realizar una consulta a las comunidades mayas en la península de Yucatán. No obstante, la SCJN dejó a un lado un tema de suma importancia: el principio precautorio, el cual consiste en suspender y evitar cualquier proyecto o actividad cuando existan razones de peso para creer que podría generar daños graves e irreparables en el medio ambiente, condicionando su futura realización a estudios y pruebas que demuestren lo contrario. Si bien en muchos países forma parte de la “canasta básica” de protección de los derechos ambientales, en México el principio precautorio apenas ha sido reconocido en algunas resoluciones y las posibilidades de defensa al medio ambiente se limitan prácticamente a situaciones en las que ya ha sido ocasionado un daño. A pesar de los innegables beneficios que produjo la sentencia, se dejó pasar la oportunidad para que la SCJN lo consolide en nuestro sistema jurídico. Quedará pendiente para otra ocasión, espero no muy lejana.

En cuanto a la sentencia para el uso recreativo de la mariguana, la libertad del individuo frente a las decisiones que afectan su esfera personal no es el único motivo para urgir en la despenalización de su consumo. Un reciente estudio del Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho ha indicado que en América Latina el número de presos por delitos de drogas no violentos ha incrementado en un 320 por ciento en la última década. En México, 60 por ciento de las personas recluidas en nueve estados lo están por delitos relacionados con la mariguana. Uno de los grandes fracasos de la política antidrogas ha sido centrar el uso de la fuerza penal en contra de los consumidores y de los estratos más bajos de la red de narcotráfico, los cuales consisten en trabajos generalmente no violentos y ocupados por gente en situación de necesidad, quienes son fácilmente detenidos por la autoridad para demostrar que “se está haciendo algo” y fácilmente reemplazados por sus empleadores ilegales. Por si fuera poco, en países como México, la principal causa de encarcelamiento de mujeres son los delitos relacionados con drogas y su porcentaje aumenta mucho más rápido que el de los hombres.

Por último, valdría la pena aprovechar ambas sentencias para reflexionar sobre el proceso de elección de quienes ocuparán los lugares de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes terminarán funciones el 30 de noviembre. Con sus avances y retrocesos, la SCJN ha sido nicho de importantes victorias a favor de los derechos humanos y ha servido como elemento de contrapeso. No siempre, no como uno quisiera, pero definitivamente ha significado un alivio. De ahí la exigencia de una SCJN “sin cuotas, ni cuates” promovida por organizaciones de la sociedad civil. Pero claro: a este gobierno le conviene más gente como Medina Mora, sin preparación, sin capacidad y sin interés en hacer cumplir las promesas y derechos de la Constitución.

@kalycho