Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano

Carlos Meade
Foto: Cuartoscuro / Archivo
La Jornada Maya

Viernes 16 de diciembre, 2016


Después del anuncio del decreto de la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano, hubo voces airadas reclamando que se aseguren recursos para su operación y que se establezca de manera expedita el plan de manejo. Al respecto, me llama la atención que incluso Greenpeace realice una campaña para presionar a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) para que emita cuanto antes el plan de manejo.

No es que esté en contra de que exista un plan de manejo. Lo que me resulta extraño es que se pase por alto lo que un plan de esta envergadura significa para la región, en términos ambientales y en términos sociales; siendo un primer requisito indispensable que el plan se formule de manera participativa con todos los actores involucrados. De otra manera, se vivirá como una imposición a la que se buscará cómo eludir.

Y más allá de ello, el procedimiento debía ser, desde el inicio, un proceso abierto y participativo. Pues bien, según la opinión de quienes participaron en la consulta, ésta no se realizó de forma apropiada. Por parte de las ONGs, lo que se demandó a las autoridades fue establecer “mecanismos efectivos de participación”. También trascendió que muchas de las observaciones que se hicieron a la propuesta no fueron consideradas, por lo que se solicita la realización de talleres sectoriales e intersectoriales. La iniciativa privada, por su cuenta, planteó muchas dudas y cuestionó que la Reserva frena el desarrollo al impedir que 27,000 cuartos de hotel, que estaban previstos para la Riviera Maya, Cancún e Isla Mujeres, ya no serán construidos. Y es que, desde la óptica empresarial, las reservas sólo representan “candados al desarrollo.”

Además, para la formulación del plan de manejo se requieren estudios científicos específicos. Hasta el momento, estos estudios, que yo sepa, no se han realizado. Sé de muchos estudios que se han hecho en el área, pero fueron hechos con fines, perspectivas y alcances diferentes a lo que ahora es requerido. Y si no se cuenta con una línea base de información ¿cómo se van a definir los indicadores de desempeño? ¿cómo se va a evaluar si la aplicación del plan está teniendo resultados?

No, formular y publicar un plan de manejo no es, no debería ser, una simple reacción a la presión social. Decir que en un mes será publicado el plan, como dijo la autoridad, es una enorme irresponsabilidad. No es factible, es un engaño y si hay un documento, seguramente tendrá endebles sustentos científicos y cero sustento social, y por ello no servirá para nada. Establecer una línea base de información científica puede tomar mucho tiempo. Como mínimo, se requieren observaciones puntuales durante un ciclo anual completo para tener una primera idea de la dinámica de cada uno de los ecosistemas.

Como se sabe, estimar capacidades de carga es un ejercicio de harta dificultad en el que se requiere un proceso continuo de monitoreo, que permita establecer los ajustes que los resultados encontrados van indicando. No hay fórmulas, más allá del mejor manejo posible para reducir la incertidumbre.

Todo esto se implica en un plan de manejo y la única forma de garantizar que se están haciendo los monitoreos y las evaluaciones y que se están tomando las decisiones correctas es que los actores involucrados en el área (pobladores, empresas, autoridades, ONGs y académicos) se integren en un Comité de Manejo, con la independencia y la capacidad necesarias para vigilar que el plan se esté cumpliendo y para tomar decisiones de consenso. Esto sería una aplicación sensata y útil de los principios que inspiran la ley de la planeación democrática.

Con visiones tan encontradas entre la sociedad civil y los inversionistas, con una problemática tan compleja derivada del crecimiento desordenado y depredador, con un montón de conflictos de todo tipo a lo largo de la costa, con un traslape entre ANPs previamente declaradas, un decreto de esta naturaleza puede representar más problemas que soluciones.

Finalmente, llama la atención que se siga pensando con una lógica de conservación longitudinal, es decir, que se puede establecer una estrategia de conservación sólo para la costa, a pesar de que hay una fuerte y determinante vinculación natural entre los ecosistemas de la selva, tierra adentro, hasta las aguas costeras. Si no existe un modelo de conservación transversal ¿cómo se manejarán los impactos que vengan del interior del estado? Las poligonales de las ANPs son sólo líneas imaginarias; que estén en un decreto oficial no significa que, por sí mismas, puedan detener la interacción natural entre los componentes del paisaje.

Tulum, Quintana Roo

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