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del

Carlos Meade
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 08 de diciembre, 2016


Los debates en torno al Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), en el contexto de la COP 13, han hecho emerger a la luz pública las razones de fondo de las diferentes visiones sobre cómo integrar la biodiversidad en los sectores productivos, de forma que el proceso de deterioro de los ecosistemas y la desaparición de especies pueda frenarse.

La idea de integración que se está empujando de manera oficial es la de la privatización y mercantilización de la naturaleza, dando por hecho que los sectores privados sólo se interesarán por la naturaleza, mientras esto represente oportunidades de negocio. Se da por hecho que las empresas dominan las políticas económicas a nivel mundial y que las mismas son las que rigen el devenir del mundo. Aquí, no hay ningún otro mundo posible.

Ponerle precio al oxígeno, a los ecosistemas, a la conservación de las especies no es sino privatizar bienes comunes reconocidos por los derechos humanos universales, los llamados DESCA. Éstos reconocen los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales. De tal forma que vivir en un ambiente sano es un derecho humano universal que implica, entre otras cosas, acceso al agua potable, disfrute de los servicios ambientales, protección de los ecosistemas y la biodiversidad, que son el sustento de las comunidades rurales y la condición de posibilidad de las concentraciones urbanas. Este conjunto de derechos se integra, de manera interdependiente, con los derechos civiles y políticos.

Según la propuesta oficial, los bienes comunes como el oxígeno que produce el bosque o el agua que se recarga y conserva gracias al bosque, deben ser privatizados para garantizar su conservación. Este planteamiento olvida, ignora o rechaza la evidencia de que han sido los pueblos indígenas los que han manejado, desarrollado conocimientos, aprovechado y conservado la biodiversidad.

Convertir la biodiversidad y sus servicios en mercancías sería dejar a las fuerzas del mercado (o sea a los intereses privados de los inversionistas) las decisiones sobre qué proteger o conservar y sobre cómo integrar la biodiversidad en el mundo de la producción de bienes y servicios. Es claro que entraña un gran riesgo y una irresponsabilidad dejar que el mercado marque la pauta del destino de la biodiversidad, máxime cuando el desarrollo del capitalismo mundial integrado ya ha sido causa directa de la extinción, ya cumplida o en curso, de miles de especies en el planeta.

Serían las oportunidades de negocio y no la protección de bienes comunes las que rijan para proteger los bienes naturales que son, antes que mercancías, un derecho humano universal.

Habría que recordar que el CDB nació en 1992 y que, desde entonces a la fecha, la situación lejos de mejorar empeora. ¿Por qué insistir entonces en ese modelo de privatización de la naturaleza que no ha podido detener el proceso de deterioro de los bienes comunes naturales? Más bien se requiere un cambio radical de la forma como se ha intentado abordar el problema.

En [i]La Vida no es un Negocio[/i], declaración conjunta de los pueblos indígenas de México leemos:

“La constante en las COPs pasadas ha sido convertir una asamblea de discusión sobre biodiversidad en una feria de negocios y plataforma de implementación de proyectos;
“No hemos perdido la memoria. A las grandes compañías y sus aliados les decimos:

‘Ustedes han echado a perder la naturaleza. No les interesa el agua, ni el aire, ni la vida. Sólo les interesa ganar más dinero. Convirtieron el petróleo en la única fuente de energía sólo por lucro. Es el lucro el mismo motivo que se esconde detrás de su nueva “economía verde”.

En el pronunciamiento de Otros Mundos AC y Amigos de la Tierra, acerca del Foro de Negocios y Biodiversidad se denuncia que:

“… el sector privado pretende acaparar el espacio público durante la COP para posicionarse en la lucha global contra la destrucción de la biodiversidad y la crisis climática. Quiere transformar la biodiversidad en un “capital natural”, una noción en la que los ecosistemas se reducen a fuentes de ganancias, de servicios y de oportunidades de mitigación para las empresas. Una vez más, se vende el discurso de que son las empresas que más contaminan las que podrán “detener” el cambio climático, bajo el argumento de que sólo ellas tienen la capacidad financiera de hacerlo. No se cuestiona la causa de la erosión de la biodiversidad: el sistema extractivo basado en la contaminación y la destrucción de la misma.”

“No necesitamos a las empresas ni a las grandes organizaciones de coyotaje verde para proteger al medio ambiente, sino a los pueblos, de quienes debemos reforzar las propuestas locales, respetando sus derechos.”

Tulum, Quintana Roo

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